Confirman fecha que definirá el futuro de Coca Cola y otras 60 empresas en Colombia

La concesión que desde hace 10 años tiene Coca-Cola para explotar agua subterránea en el municipio de la Calera ha suscitado un aluvión de críticas desde que se hizo pública. No fue hasta 2024 que esta actividad cobró revuelo, en vista de la situación crítica del recurso hídrico en la capital y la sabana, y de los cuestionamientos que expertos y la sociedad civil hizo de la concesión.

No obstante, a pesar de que la concesión se venció en diciembre, la Industria Nacional de Gaseosas S.A. – Indega S.A., filial de Coca-Cola, solicitó a la Corporación Autónoma de Cundinamarca la prórroga de la concesión, con el fin de continuar la explotación de este recurso por diez años más. Sin embargo, en vista de la controversia anteriormente citada, la autoridad ambiental decidió citar a una audiencia pública, a través de la cual se dirimirá sobre el futuro de esta concesión.

La audiencia se llevará a cabo en la Finca Los Trujillos, contigua a la Escuela Rural de Santa Helena, kilómetro 6,4 vía principal, vereda Santa Helena del municipio de la Calera, Cundinamarca, a partir de las 9:00 a. m.

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Para el efecto, en cumplimiento de la normatividad vigente y para garantizar el derecho de la comunidad a participar en las decisiones que puedan afectar el goce de un ambiente sano, la CAR publicó el acto administrativo que ordena la realización de esta jornada mediante el auto 286 del 11 de abril de 2025.

Condiciones de la concesión

Como se recuerda, en diciembre de 2014, la CAR renovó por un término de 10 años la concesión de aguas subterráneas a la sociedad Indega S.A., disminuyendo el caudal total a 3,23 litros por segundo, de siete manantiales localizados en la vereda Santa Elena del municipio de La Calera.

En compensación, la Corporación exigió a la empresa el desarrollo de un conjunto de medidas de restauración y recuperación del ecosistema donde se ubican las fuentes hídricas, incluyendo un inventario de fauna, la documentación de especies y estudios de vegetación, las cuales han sido objeto de seguimiento y verificación de cumplimiento por parte de la autoridad ambiental.

También se determinó que la prórroga de esta concesión estaría sujeta a que fuera solicitada el último año de su vigencia, así como a condiciones de viabilidad técnica y ambiental y a la ausencia de razones de interés social o conveniencia pública que impidan su otorgamiento. En mayo de 2024 la sociedad Indega S.A. solicitó la prórroga de esta concesión, y a partir de ese momento la Corporación inicio un proceso de evaluación dentro del trámite correspondiente.

¿Cómo participar en la audiencia pública?

Las personas interesadas en participar e intervenir en esta audiencia deberán inscribirse en las instalaciones de la Dirección Regional Bogotá – La Calera, de la CAR ubicada en la Carrera 10 N.º 16- 82 piso 4 de Bogotá; en las instalaciones de la CAR, sede Central (Bogotá), localizada en la Avenida Calle 24 (Esperanza) No. 60-50 Centro Empresarial Gran Estación costado La Esfera, Piso 6 de la ciudad de Bogotá, en la Secretaría de Medio Ambiente, Alcaldía Municipal, y Personería, del Municipio de La Calera, Cundinamarca, entre otras.

Valor de las concesiones es muy bajo

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció el año pasado que, en efecto, hay 64 concesiones activas para sustraer agua subterránea en Bogotá. De esas, dijo el burgomaestre, una fue aprobada durante los primeros nueve meses de su gobierno.

Pero, además, el alcalde dijo que esta fracción de agua representa menos del 1% del total que consume la ciudad y, asimismo, Galán aclaró que este tipo de agua no es acta para el consumo humano, por lo cual el privado que la sustrae debe asumir el costo de su tratamiento y posterior potabilización.

En ese orden de ideas, el Galán aclaró que estas concesiones permiten un tope máximo de extracción de 15.000 m³, de los cuales, en promedio, las empresas extraen alrededor de 6.000 m³, y con una tasa cercana a los $70 por metro cúbico. Si bien, dicho valor lo pagan las empresas por el acceso a agua no potable, el alcalde dijo que estas tarifas le resultan “un poco bajas”.

“Desde el Distrito creemos que el valor que se paga por estas concesiones es demasiado bajo. Por esto, hemos presentado una solicitud al Ministerio de Ambiente para que revise los montos”, apostilló Carlos Fernando Galán. Sobre este punto, vale la pena resaltar, que el alcalde hace referencia al decreto 1155 de 2017, emitido por el Ministerio del Interior, mediante el cual se establecen las tarifas de cobro para este tipo de aguas.

¿Un tesoro menoscabado?

Antes de hacer cuentas alegres con el potencial de las aguas hídricas, es menester localizar los suelos en donde están almacenadas y tener un cuerpo jurídico sólido para regular su explotación. En ambas materias, lamentablemente, todavía estamos crudos. De acuerdo con el experto consultado por este diario, los estudios necesarios para localizar acuíferos, tanto en la sabana como el país, se encuentran bastante desactualizados. En primer lugar, como en casi cualquier cuestión pública, se encuentra la voluntad política. Aunado a lo anterior, el coste económico de adelantar una cruzada exploratoria para localizar pozos de agua es elevado.

Se debe contar con un equipo de científicos especializado, que debe efectuar una investigación cartográfica densa y enrevesada para dar con los puntos en donde, probablemente, residan los acuíferos. “Además, los profesionales necesitan utilizar medios técnicos que pueden ser un poquito costosos. Por ejemplo, necesitan hacer una cosa que se llama geofísica, para saber lo que hay debajo de la superficie, y luego instalar pozos de monitoreo para ir analizando las muestras del suelo en la roca. En resumen, los estudios no son nada baratos”.

Respecto al marco normativo, Romero cita algunas expresiones jurídicas que, sin embargo, son todavía de alcance limitado. “En 2015, Minambiente reguló los objetivos del Ideam, dentro de los cuales se encuentran: obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre la hidrología y la hidrogeología en el país. Además, existen leyes y decretos para definir un estándar apropiado de calidad del agua para diferentes usos y también para ayudar en la conservación de los recursos hídricos”. Sin embargo, lo anterior ha resultado insuficiente para detener la proliferación de pozos de agua, tanto en el país, como en la sabana.