Un nuevo beneficio comenzará a aplicarse para los usuarios de telecomunicaciones en Colombia con relación al cobro por reconexión de los servicios suspendidos por falta de pago. Esto será posible gracias a la sanción presidencial de la Ley 2485 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro, la cual establece que las empresas del sector ya no podrán aplicar cargos elevados para restablecer el servicio cuando este haya sido interrumpido por mora en el pago de las facturas.

La norma representa un cambio importante en la regulación, ya que, en muchos casos, los usuarios debían asumir cobros considerados excesivos que dificultaban la recuperación del servicio. Con la nueva disposición, el acceso a las telecomunicaciones busca garantizarse en condiciones más equitativas, sin que los costos de reconexión se conviertan en una barrera para los hogares.

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El texto de la Ley precisa que se contemplan excepciones en el cobro, pero enfatiza que cualquier valor aplicado deberá corresponder únicamente a los costos eficientes asociados de manera directa con las actividades técnicas y operativas necesarias para restablecer el servicio. En este punto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrá un papel clave, pues será la entidad encargada de definir en qué situaciones los proveedores podrán efectuar el cobro y cuál será su monto máximo.

¿Cuánto quedará costando la reconexión?

El senador Julio Elías Vidal, ponente de la Ley, explicó que el propósito de los estudios que adelanta la CRC es fijar un límite tarifario que no supere los $1.000 por concepto de reconexión. Incluso, de acuerdo con los análisis en curso, el valor podría ser inferior, lo que significaría un ahorro considerable para los usuarios. Según estimaciones preliminares, la medida podría representar un alivio económico cercano a los $ 450 millones, tomando en cuenta la reducción de cobros que tradicionalmente realizaban las empresas del sector.

El proceso de fijación de tarifas contempla la participación de las compañías de telecomunicaciones, las cuales deberán presentar observaciones y aportes técnicos antes de que la CRC establezca la tarifa definitiva. Esta etapa busca garantizar que los valores definidos reflejen un equilibrio entre la sostenibilidad operativa de los prestadores y la protección de los derechos de los usuarios.

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Un aspecto relevante identificado en los estudios es que, en numerosos casos, la reconexión de los servicios se realiza de manera remota, lo que implica un costo operativo mínimo. Sin embargo, se detectó que algunos operadores incluyen cargos adicionales que no guardan relación directa con la reconexión, situación que genera un impacto negativo en la economía de los usuarios.

Frente a este panorama, la propuesta de la CRC contempla la posibilidad de establecer topes diferenciados según el tipo de servicio, ya sea telefonía fija o móvil, teniendo en cuenta modelos de eficiencia en la operación. De esta manera, se busca impedir que las empresas incorporen conceptos ajenos a la reconexión dentro de la factura, lo cual contribuiría a mejorar la transparencia en los cobros y a fortalecer la confianza de los usuarios en el sector.