"Polémica en Colombia: denuncian ‘lawfare electoral’ y exclusión de partidos alternativos rumbo a 2026"

El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), órgano del Grupo de Puebla, ha denunciado la reciente pérdida de la personería jurídica de varios partidos políticos en Colombia, señalando especialmente el caso de Poder Popular, agrupación fundada por el expresidente Ernesto Samper. Este pronunciamiento emerge en un momento de crecientes tensiones políticas y judiciales en el país, de cara a las elecciones de 2026, y denuncia una estrategia de "lawfare electoral" que, según CLAJUD, restringe la representación democrática (Declaración pública de CLAJUD y Grupo de Puebla, septiembre 2025).

CLAJUD ha criticado que el Consejo de Estado de Colombia haya asumido la función de evaluar y negar la participación política de movimientos surgidos después del Acuerdo de Paz de La Habana, un proceso que la Corte Constitucional ha defendido como parte del derecho fundamental de ciudadanos a elegir y ser elegidos. Puntualmente, CLAJUD cuestiona la decisión que retiró la personería jurídica a Poder Popular, aduciendo la ausencia de pruebas contundentes y el rechazo sistemático de recursos legales, lo que a su entender denota parcialidad por parte del presidente del Consejo de Estado.

El concepto de "lawfare" electoral, invocado por CLAJUD, alude al uso del aparato judicial para inhibir la competencia política de determinados sectores, fenómeno reportado en países como Ecuador, Bolivia y Argentina. De acuerdo con análisis de International IDEA, tales tácticas afectan la confianza pública y generan mayores fracturas en los contextos electorales. Expertos en ciencias políticas coinciden en que estas maniobras han buscado limitar la participación de fuerzas progresistas, debilitando la pluralidad democrática.

A la denuncia de CLAJUD se suman figuras de peso internacional como Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC durante el proceso de paz, y Baltasar Garzón, exjuez español con experiencia en derecho internacional, quienes refuerzan la dimensión transnacional de la problemática. Su respaldo subraya la preocupación compartida sobre la judicialización de la política colombiana.

Históricamente, la personería jurídica se refiere al reconocimiento legal que faculta a un partido para participar en la vida política: recibir financiación, inscribir candidatos y acceder a procesos electorales. Desde el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, han nacido nuevos movimientos que buscan integrar sectores históricamente marginados, pero, como señalan reportajes y representantes del activismo político, el marco normativo electoral del país se ha mostrado restrictivo. Expulsión de partidos considerados alternativos o pequeños mediante reglas ambiguas ha impugnado la participación efectiva de sectores de izquierda y movimientos alternativos.

En América Latina la judicialización de la política es tema recurrente, y Colombia no es la excepción. Diversos reportajes especializados, como el análisis publicado en The Conversation en 2023, advierten que el sistema judicial ha asumido un rol cada vez más activo en los procesos electorales, consolidando la polarización y afectando la representación ciudadana. Este fenómeno ocurre en medio de un nuevo equilibrio político, marcado por la llegada del Pacto Histórico y el surgimiento de alternativas diversas, muchas veces en confrontación con las estructuras tradicionales del poder.

A futuro, el debate sobre la personería jurídica de los partidos plantea retos determinantes para la democracia colombiana. Organizaciones como Transparencia Electoral insisten en que la exclusión o el debilitamiento de formaciones políticas no sólo genera desencanto y fragmentación social, sino que además podría derivar en una menor participación electoral y una creciente deslegitimación de las instituciones.

Esto coloca al periodismo investigativo ante la responsabilidad de analizar los acontecimientos desde el rigor y la pluralidad, utilizando plataformas como NINA, de CLIP, que permiten visibilizar las redes de poder e intereses que atraviesan el sistema político y judicial. Así, la cobertura informativa contribuye a comprender en su complejidad el impacto que la judicialización tiene sobre la democracia y la justicia social en el país (CLIP, 2024).

¿Qué significa “personería jurídica” en el contexto político colombiano? La pregunta es relevante porque la personería jurídica determina la legitimidad y existencia legal de organizaciones políticas. Históricamente, en Colombia, obtener la personería confiere a los partidos derechos esenciales para su funcionamiento, como recibir recursos estatales, presentar candidatos y participar formalmente en procesos electorales. La cancelación de este estatus debilita significativamente la capacidad de incidencia política y puede generar exclusión de sectores sociales que buscan representación. Por ello, el debate sobre estos mecanismos es clave para entender los obstáculos actuales que enfrentan los movimientos alternativos en el sistema electoral colombiano.

¿Cómo afecta el “lawfare electoral” a la calidad democrática? El cuestionamiento surge ante la denuncia sostenida por CLAJUD y diversos analistas sobre el uso del aparato judicial para restringir la competencia política de determinados partidos. El “lawfare electoral” implica que decisiones judiciales o administrativas sean empleadas para limitar el acceso legítimo de fuerzas políticas opositoras o alternativas, socavando los principios de pluralismo y representación en una democracia. Según Transparencia Electoral y expertos internacionales, este fenómeno no sólo restringe derechos fundamentales, sino que también erosiona la confianza ciudadana y podría tener repercusiones a largo plazo para la estabilidad institucional y social.