Empleados con más de dos salarios mínimos sufrirían duro golpe mensual por propuesta del Gobierno

Expertos subrayan que no todos los trabajadores experimentarían idéntica afectación patrimonial, pues la merma real dependerá del rango salarial.

En medio del seguimiento a la Ley de Rescate Económico, se divulgó que los empleados dependientes que devenguen remuneraciones superiores a dos salarios mínimos legales en Colombia afrontarían una paradójica disminución en su ingreso neto de bolsillo, incluso frente a eventuales incrementos salariales aprobados por sus empleadores.

Esta contingencia financiera surge de un riguroso análisis formulado por la consultora internacional Crowe Co, replicado por Portafolio, que examinó detalladamente los alcances del Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado formalmente ante el Congreso el pasado 29 de octubre.

La iniciativa gubernamental, denominada Ley de Rescate Económico, introduce sustanciales transformaciones en la tabla de deducciones para el sistema de seguridad social, afectando directamente la liquidez mensual de una amplia porción de la fuerza laboral nacional.

El socio líder de Tax & Legal de la firma especializada, Juan Carlos Arbeláez Mesa, coordinó este ejercicio cuantitativo tomando como base el salario mínimo de 2026 fijado en $1.750.905 para estimar los escenarios tributarios del periodo 2027.

Bajo el marco regulatorio vigente, los trabajadores aportan el 4 % sobre su ingreso mensual para salud, pero la reforma proyectada eleva esa contribución obligatoria hasta una tarifa del 5,5 % al superar los topes definidos.

El problema alrededor de la Ley de Rescate radica en que este porcentaje incrementado gravaría la remuneración total y no el excedente, castigando directamente a quienes apenas superan el umbral legal determinado por las autoridades nacionales en el articulado radicado.

Una persona que perciba exactamente dos sueldos básicos suma $3’501.810 y dispone de$ 3’221.665 tras deducir salud y pensión, pero si sube apenas un peso hasta $ 3’501.811 su ingreso líquido baja a $ 3’169.139.

Ese desfase aritmético deja una merma directa de $52.526 mensuales para el empleado, configurando un incentivo negativo frente a los aumentos salariales menores en las empresas colombianas.

“Según el texto radicado, el nuevo aporte del 5,5 % se cobraría sobre todo el salario, no solo sobre la parte que supere los dos salarios mínimos”, explicó Arbeláez.

Para esquivar esta reducción en el poder adquisitivo familiar, el trabajador requeriría un incremento mínimo de $ 58.042, requiriendo alcanzar una asignación de $ 3’559.852 exclusivamente para conservar el ingreso neto que poseía antes de la modificación legislativa.

El diagnóstico advierte sobrecostos adicionales de salud de $ 35.018 al rebasar cuatro mínimos y de $ 87.545 al superar el umbral de diez sueldos básicos.

Registros de la UGPP compilados en julio de 2026 revelan la existencia de 2’431.354 cotizantes dependientes con bases superiores a dos salarios mínimos que quedarían expuestos a estas deducciones.

Sin embargo, los autores del documento técnico subrayan que no todos los trabajadores experimentarían idéntica afectación patrimonial, puesto que la merma real dependerá del rango salarial y las particularidades de cada contrato.

El impacto fiscal se extiende igualmente hacia las compañías contratantes, puesto que una firma actualmente exonerada pagaría $210.109 adicionales mensuales cuando un dependiente pase de dos mínimos exactos a ese monto más un peso.

El salto patronal más fuerte ocurriría al rebasar tres salarios mínimos equivalentes a $ 5’252.715, donde elevar un solo peso la paga generaría un encarecimiento de $ 393.955 al costo mensual laboral.

“Es posible que las empresas respondan con aumentos salariales más moderados, menos contratación formal o más presión hacia la informalidad”, advirtió Arbeláez.

Como alternativa de solución técnica, los analistas sugieren gravar exclusivamente los valores excedentes para suprimir saltos distorsivos en la liquidación de las planillas empresariales.

Estas proyecciones omiten retenciones tributarias adicionales o el auxilio de transporte, permaneciendo a la espera de los debates plenarios del trámite legislativo en el Capitolio Nacional.

¿Qué es la Ley de Rescate Fiscal?

La Ley de Rescate Fiscal constituye una iniciativa legislativa integral orientada a estabilizar las finanzas públicas mediante ajustes tributarios estructurales y un riguroso control del gasto estatal.

El proyecto busca garantizar la sostenibilidad macroeconómica en el corto plazo, reorganizando fuentes de recaudo para cumplir las metas presupuestales frente a las presiones de la deuda soberana.

Entre sus pilares esenciales sobresale la simplificación del esquema impositivo nacional, suprimiendo gravámenes de baja eficiencia operativa para aliviar las cargas administrativas sobre la industria y los contribuyentes.

Asimismo, la propuesta contempla modificaciones en las tarifas de aportes para seguridad social, incrementando contribuciones en determinados rangos salariales para fortalecer el financiamiento del sistema público.

La normativa persigue corregir asimetrías fiscales históricas, eliminando exenciones ineficaces y combatiendo la evasión de capitales mediante herramientas tecnológicas avanzadas en la administración aduanera y tributaria.

Paralelamente, el marco regulatorio establece límites estrictos a la expansión burocrática del Estado, protegiendo al mismo tiempo la inversión en programas sociales focalizados y obras de infraestructura regional.

El debate legislativo en el Congreso evalúa el impacto financiero de las medidas sobre la generación de empleo formal, la competitividad empresarial y la estabilidad del ingreso familiar.