La ‘Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niñas, niños y adolescentes escolarizados’, promovida por el DANE, ha causado sorpresa y no poca indignación entre las asociaciones de padres de familia; en los rectores, administradores y profesores de escuelas y colegios, así como también en organizaciones religiosas y otros estamentos de la sociedad.
La polémica se ha suscitado, principalmente, en razón a las preguntas que integran el capítulo de sexualidad, las que, por su crudeza y explicitud, se consideran inapropiadas y atentatorias contra la formación de los menores que adelantan estudios en colegios públicos y privados de algunas ciudades principales del país.
El director del DANE ha salido al quite de las críticas aduciendo que el propósito de la encuesta es “recabar información para diseñar políticas públicas que protejan a la infancia”; dijo que “el lenguaje que se usa es lo más exacto posible y pretende no dar lugar a equivocaciones y que todo sea claro y evidente para el estudiante que responde”, y apoyó ese programa en circunstancias concretas que envuelven las problemáticas de los niños y adolescentes colombianos.
Sin discutir los aspectos técnicos sobre la elaboración de encuestas, y sin tener en cuenta si la explicitud de las preguntas conduce o no a la claridad de las respuestas, a nosotros nos parece que hay otras formas de identificar dichas problemáticas y de asomar soluciones, y que, no obstante la bondad de los propósitos del DANE, el Estado colombiano no está legitimado para incursionar en asuntos del fuero interno de las personas.
Nadie duda de la necesidad y conveniencia de combatir el maltrato infantil y el abuso sexual en los menores de edad. Tampoco podría cuestionarse la metodología empleada para la confección del cuestionario. Ese no es el problema; al fin y al cabo, si hay imperfecciones en ese procedimiento, se introducirán los correctivos a que haya lugar.
La preocupación radica en que, en este caso, como en otros (recuérdese el reciente debate sobre las cartillas en los colegios dictadas por el Ministerio de Educación Nacional), las autoridades públicas, amparadas en sus propias investiduras, están invadiendo las esferas de la intimidad de los adolescentes.
Porque aquí, ni siquiera se trata de aspectos confidenciales, sino de asuntos íntimos. Y bien sabemos que hay algunos asuntos que corresponden al espacio de personalidad que no pueden llegar a ser de dominio público, salvo por la propia elección del individuo, facultad electiva que en este caso no tendrían los encuestados, precisamente por ser menores de edad.
No otra cosa podría pensarse de una autoridad pública que pretende obtener respuesta de un menor de edad, sobre si ha tenido relaciones sexuales; sobre si, en caso positivo, cómo, con quién y con qué frecuencia; si ha utilizado métodos anticonceptivos, o no; si las relaciones han sido naturales, o si ha utilizado partes del cuerpo poco apropiadas para fines sexuales; si las tuvo con uno, o con varios; si fueron homosexuales o heterosexuales, en fin, sobre aspectos todos que terminan afectando el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.
Paradójicamente sería el Estado, el que, debiendo respetarlos y hacerlos respetar, terminaría conculcándolos. Y, el planteamiento que hace el DANE, de contar con mecanismos legales coercitivos y sancionatorios, también iría en contravía el precepto constitucional de que la recolección, tratamiento y circulación de información deben respetar la libertad y demás garantías consagradas en la Carta Política. No puede perderse de vista que el derecho a la intimidad prevalece sobre el derecho a la información.
Las normas internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), coinciden en garantizar la protección de todas las personas de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación.
En el anterior orden de ideas, la pretensión del Director del DANE, de obligar a los directores escolares a tramitar y exigirles a los alumnos responder esa clase de preguntas que tocan el núcleo esencial de su intimidad, vulneraría el derecho, también esencial, a la libertad, y sería abiertamente contrario a los tratados y convenios internacionales y a la Constitución Política.
Desde esta perspectiva, no obstante el respeto que debe guardarse por nuestro ordenamiento jurídico, dada la primacía de los derechos enunciados sobre la información que busca el DANE, pienso que todas las familias colombianas, todos los rectores y profesores de establecimientos de enseñanza y todos los ciudadanos deberíamos invocar la inaplicación de ese cuestionario, e instruir a nuestros hijos y nietos, que sean objeto de la encuesta, para que se nieguen a dar contestación a las mismas.
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