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La condena en contra de Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, Santander, por ayudar y facilitar las acciones violentas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en contra de la población civil en el municipio, fue suspendida. La defensa de la mujer apeló la decisión que se tomó el pasado 12 de enero, en la que también se condenó a José William Parra Arroyave por los mismos hechos.
El Juzgado Tercero Penal de Bucaramanga concedió la suspensión de la condena, argumentando que la defensa de la exrectora del colegio apeló dentro del tiempo oportuno. Además, agregó el despacho, que el caso será enviado a otro despacho para que resuelva de fondo la apelación y determine si la condena se mantiene finalmente en pie o no.
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La condena en contra de la mujer se fundamentó en las pruebas entregadas por la Fiscalía, en la que se daría cuenta de que ella y José William Parra Arroyave colaboraron con el frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El ente investigador encontró que, al parecer, entre 2001 y 2003, Gutiérrez de Moreno “permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal”. Sus acciones, de acuerdo con las pruebas, consistía en que ellas “presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones”.
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Cuando el proceso avanzaba su curso en primera instancia, las autoridades identificaron al menos a dos víctimas que, de acuerdo con la información de la Fiscalía, “permanecieron encerradas y soportaron durante prologados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’”.
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Por sus acciones, la exrectora del colegio fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga a 20 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Tras la condena, se dictó orden de captura en contra de ella, para que cumpla la pena en prisión. Pero, por ahora, estas actuaciones quedaron congeladas.
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