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Hace 34 años, las oficinas del Banco de Occidente de Panamá, y su sede principal en Colombia, fueron protagonistas de una operación que desenmascaró lo que en su momento fue una de las redes más importantes de lavado de dinero producto del narcotráfico. Los autores fueron agencias especiales de Estados Unidos, que anunciaron sus hallazgos en una rueda de prensa con bombos y platillos, pues habían dado con una buena parte de la fortuna que había ocultado su enemigo número uno en la lucha contra las drogas: Pablo Escobar Gaviria.
(Le puede interesar: Grupo Aval pagará más de $ 80 millones de dólares en EE. UU. por caso Odebrecht)La entidad bancaria, que en su momento hacía parte del conglomerado de la familia Sarmiento Angulo (Grupo Aval), terminó asumiendo su responsabilidad pues, como lo documentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, varios de sus funcionarios ocultaron información y facilitaron el lavado que benefició al capo del Cartel de Medellín y otros de sus secuaces. Ahora, 24 años después de que se hiciera pública la operación, bautizada con el nombre de Polar Cap, el periodista Gerardo Reyes recordó sus detalles y dio otros nuevos de esta historia de narcos y dinero sucio.
En el informe periodístico, publicado por Univisión, Reyes relata que el 30 de marzo de 1989 el fiscal general Dick Thornbugh, el director del FBI William S. Session y el jefe de la DEA, John Lawn, revelaron los detalles de la operación. Según esa revelación, las oficinas del banco, con sede en Panamá y Colombia, se prestaron para lavar al rededor de US$ 412 millones de dólares del narcotráfico y dieron los nombres de los dueños de la fortuna: Pablo Escobar, su primo, Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa Vásquez, entre otros.
“Es fácilmente la operación más grande para ocultar los orígenes del dinero de la droga jamás descubierta por agente federales”, explicaron las autoridades en la rueda de prensa que se realizó en Washington. Era época del más terrible recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico en el país. Un día antes de este anuncio desde Estados Unidos, había sido asesinado Héctor Giraldo, el periodista y abogado que asumió el caso de la investigación por el asesinato del director de este diario, Guillermo Cano Isaza, ocurrido en diciembre de 1986.
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Para ese momento, la mafia ya había logrado otros golpes. Por ejemplo, el 3 de marzo había asesinado al líder de la Unión Patriótica, José Antequera, en un atentado en el que también salió gravemente herido Ernesto Samper. Y un mes antes, el 18 de enero de 1989, grupos paramilitares, en alianza con narcotraficantes y miembros del Ejército, perpetraron la masacre de La Rochela (Santander), en la que fueron asesinados 12 y de los 15 miembros de una misión de funcionarios judiciales que estaban en camino a investigar otra masacre, ordenada por el Cartel de Medellín.
En medio de ese contexto, la operación Polar Cap fue una victoria para las autoridades, que veían, sin mucha acción, lo que sucedía en Colombia. La investigación arrojó que el Banco de Occidente había auxiliado a los capos para que lavaran buena parte de su fortuna. El informe de Gerardo Reyes recuerda que la entidad bancaria aceptó su responsabilidad por lo que tuvo que entregar, a título de confiscación, US$ 5 millones de dólares, la sanción, dice el artículo, más alta que había impuesto ese país hasta ese momento por temas relacionados con el lavado de activos.
Según el informe, la justicia de Estados Unidos fue clara en decir que altos directivos del banco sabían lo que estaba pasando y que no se trataba de una actividad que solo supieron los gerentes de la sucursal en Panamá, como así trató de hacerlo ver el grupo de la familia Sarmiento. “Según la acusación, los gerentes de Panamá actuaron con la autorización de altos funcionarios de la corporación pariente coacusada, el Banco de Occidente (Cali) S.A”, recoge la investigación, que acompañó con videos y los documentos de la época.
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Una de las pruebas claves del expediente fueron llamadas telefónicas a las que tuvo acceso la DEA. En ellas, por ejemplo, se escuchaba hablar a Eduardo Martínez Romero, alias Mamaburra, quien, según el expediente, manejó durante años las finanzas del cartel de Medellín. En una de esas grabaciones, asegura el informe, el propio Martínez confirmó que el Banco de Occidente fue usado por él y sus hombres para blanquear el dinero de sus jefes, al menos durante 10 años. En su momento, no se supo con precisión cuáles otros detalles dio el jefe financiero.
Sin embargo, el informe periodístico señala que años después se conocieron todas las transliteraciones de lo que dijo Mamburra. Así, se supo que un agente de la DEA le preguntó a Martínez si las personas que conocía en el Banco de Occidente tenían un rango lo “suficientemente alto” como para que lograra lavar semejantes sumas de dinero durante tanto tiempo. “No hay problema para nada. El banco entiende esto, y es su función, y para eso fue que se abrió”, respondió Martínez. Esta respuesta fue obtenida por la periodista Ann Woolner.
Otro de los detalles que reveló Univisión es el testimonio de un exagente federal que hizo parte de la operación Polar Cap. El exfuncionario explicó así lo que ocurrió: “No es posible que los dueños de un banco no hayan visto los volúmenes de fondos que estaban pasando porque ese dinero seguía para adelante (…) Ellos tenían que saber que el único negocio que te podía dar esas cantidades, era el negocio de la droga”. Gerardo Reyes recuerda en su informe que, entre 1972 y 1986, el banco estuvo bajo la dirección de Guillermo Sarmiento Angulo, hermano de Luis Carlos.
Después de que se hiciera pública los detalles de la operación Polar Cap, el impulso de la investigación empezó a perderse. Aunque en su comienzo fueron vinculados la gerente de operaciones de la sucursal de Panamá, Carmen Clara García de Paredes, y el gerente general de la misma sede, William Guarín Pulecio, los abogados del Banco, dice Reyes, lograron que las autoridades desestimaran la acusación en contra de los funcionarios. Sin embargo, lo que no se tenía muy claro en esta historia de mafia y fortunas, es que el proceso tuvo también un episodio de cabildeo de altísimo nivel.
La investigación periodística señala que, luego de que el Banco de Occidente se declaró culpable el 14 de agosto de 1989, su acuerdo de culpabilidad fue sellado como “reservado”, como ocurre con casos de interés especial. “Tras bastidores, Sarmiento Angulo había desplegado una afanosa campaña de cabildeo al más alto nivel. Según The New York Times, antes de que el conglomerado colombiano se declarara culpable, el entonces presidente Virgilio Barco, en una visita a Washington, pidió al presidente George Bush que el banco no fuera sancionado porque ‘no estaba bajo control de los capos de la droga’”, dice el informe.
Además, dice la publicación, el entonces ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, también habría presionado en Washington para que el acuerdo fuera secreto. Pese a que ese documento existió, Reyes recuerda que, finalmente, el juez del caso aclaró dentro del proceso que el Banco de Occidente “no era una organización bancaria establecida con el propósito de violar la ley, sino que era una operación bancaria legítima, en la cual, algunos de sus empleados cayeron en actividades criminales”. Tesis no la comparte el exagente entrevistado por Univisión.
La investigación del periodista Gerardo Reyes insiste en que este viejo caso de lavado de dinero y narcotráfico tiene varios puntos en común con la reciente condena que le fue impuesta al Grupo Aval por haber participado del escándalo de corrupción de Odebrecht. Esa decisión se conoció el pasado 11 de agosto, cuando la Comisión de Valores de Estados Unidos informó que había impuesto una multa de US$ 40 millones de dólares en su contra. Además, se supo que el Departamento de Justicia de ese país había negociado el pago con el Grupo Aval de un poco más de US$ 40 millones de dólares, a cambio de cerrar todas las investigaciones criminales.
Las autoridades buscaban determinar su supuesta responsabilidad en el esquema de sobornos y corrupción de la multinacional brasileña en el contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2. En esa megaobra, Corficolombiana (del Grupo Aval) se asoció con Odebrecht para participar en lo que era uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país. En ese contexto, la sanción, dijo la SEC, correspondía a una violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Sin embargo, esta investigación nunca mencionó el antecedente del caso de Escobar Gaviria.
“El grupo de Sarmiento Angulo logró salir con escasas cicatrices reputacionales de esta crisis, esgrimiendo una estrategia que también le funcionaría en el siguiente descalabro: contratación de abogados de primera línea; campañas de cabildeo al más alto nivel; manejo a presión de los medios de comunicación en Colombia, y la aplicación a rajatabla de un principio muy extendido en el mundo judicial de Estados Unidos de que es mejor un arreglo incómodo que un juicio bochornoso”, concluye Gerardo Reyes en su investigación publicada por Univisión.
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