Tres argumentos han esgrimido los defensores de ‘Vida’, la recién nacida publicación periódica impresa de la administración de Gustavo Petro: que el Gobierno tiene el derecho de informar a los ciudadanos sobre sus ejecutorias, que hay que garantizarle al Ejecutivo también el derecho a la libertad de expresión, y que es una forma válida para mostrar lo que los medios de comunicación masiva callan.
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Con esas tres ideas se enfrentan a quienes, como las periodistas Vicky Dávila y Vanessa de la Torre, sostienen que el nuevo medio oficial de la Presidencia de la República, pensado para seis ediciones en seis meses (con un total entre todas de 500.000 ejemplares de 24 páginas) y a un costo de 653 millones de pesos, no es otra cosa diferente a la propaganda, o estrategia política de un gobierno para ‘vender’ o difundir su ideología.
Para el director del impreso, Augusto Cubides, funcionario de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, el propósito es llegar “a los colombianos una información precisa y completa para que la gente pueda conocer lo que está haciendo el Gobierno”. Y agregó, citado en un comunicado de Presidencia: “Esperamos llegar también allí donde la radio, la televisión o el Internet no tiene la potencia o la penetración como en los centros urbanos del país”.
En respuesta a quienes se oponen a lo que Presidencia llama “periódico mensual”, Cubides concluyó: “Contamos con total autonomía para publicar temas, proponer colaboradores y queremos abrir espacios, incluso a la oposición. No es un periódico propagandístico ni un medio panfletario”.
Si por definición la prensa libre se concibe como un contrapoder, no resulta fácil entender cómo la idea que tiene el director del impreso de “total autonomía” puede materializarse cuando esa publicación se origina en la misma Presidencia de la República. ¿Se podría hablar de una “total autonomía”, por ejemplo, respecto del Presidente de la República, que es el jefe de Cubides? Si así fuera, la nueva propuesta sería políticamente inviable.
Si bien ‘Vida’ abre un espacio de opinión en el que hay una o dos voces opositoras (en el primer número, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, frente a fervientes seguidores de las ideas de Gustavo Petro como la actriz y filosofa Margarita Rosa de Francisco, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, el delegado del gobierno en los diálogos de paz Yezid Arteta y el caricaturista Julio César González Quiceno, ‘Matador’), el grueso del impreso está destinado a los contenidos que informan desde la perspectiva del Gobierno.
Cubides también habla de querer que los colombianos tengan “una información precisa y completa” para que la gente “pueda conocer lo que está haciendo el Gobierno”. Esa es una promesa que se puede calificar como de fácil cumplimiento, porque resulta de ofrecer todos los datos relativos a un tema concreto.
Así lo hace, en efecto, en su primer número, con las informaciones sobre el avance de la reforma agraria, las “importantes realizaciones” en el marco del Plan de Desarrollo del Gobierno ‘Colombia potencia mundial de la vida’, en justicia social, económica y ambiental y brinda datos de interés al ciudadano sobre trámites, subsidios y beneficios.
Pero no menciona otros valores capitales para el periodismo como el equilibrio, la objetividad y la contrastación de fuentes, a través de los cuales, si bien nunca se encuentran en estado puro, las audiencias pueden hacerse un panorama completo de los asuntos sobre los que se informa.
Por ejemplo, en este primer número de ‘Vida’ también llama la atención que el dato que da en su tema central sobre el número de hectáreas comparadas por el Gobierno para adjudicarlas a las familias del campo (230.000) fue desmentido por la misma ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que asegura que son menos.
Informar sobre esto implicaría periodísticamente decir que en el Gobierno Nacional hay serias discrepancias con esas cifras. Estas circunstancias son las que, en un espectro conceptual, aproximan a ‘Vida’ más al campo de la propaganda que al de la información objetiva periodística.
Aunque Cubides no ha hablado del derecho del Gobierno a informar, un reputado miembro del Pacto Histórico, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, sí lo invoca para justificar la publicación del impreso gubernamental.
A este respecto, hay que recordar que los derechos son bienes jurídicos que se predican de los seres humanos y no de formaciones o categorías políticas como los gobiernos o los Estados. Los derechos, incluidos, por supuesto, el de expresión y el de informar, fueron un alcance de la humanidad para proteger a los individuos de los abusos de poder del Estado.
Otra veta de discusión sobre la nueva publicación es su financiación. Se trata de un costo que corre, simultáneo al anuncio de un ajuste a la reforma tributaria, a cargo de los impuestos de los ciudadanos que deberían ser, más que informados, beneficiados con los proyectos en los que se compromete un gobierno. El afán por mostrar deja dudas porque supera el afán por ejecutar.
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