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La Operación Parce, una investigación de la Fiscalía de Uruguay contra una red de préstamos de pagadiario, terminó destapando una nueva atrocidad en este macabro negocio: el reclutamiento forzado de colombianos para cobrar deudas.
La investigación, que ya deja 25 colombianos judicializados en aquella nación, comenzó el 14 de febrero de 2022 en la ciudad de Tacuarembó, por medio de la denuncia anónima de un comerciante.
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Las pesquisas subsiguientes determinaron la existencia de una organización de extranjeros dedicada a realizar préstamos gota a gota (de abonos diarios) a comerciantes informales, emprendedores y pequeños empresarios, por sumas que iban de $ 5.000 a $ 150.000 pesos uruguayos, equivalentes a $ 555.859 y $ 16’675.776 pesos colombianos (al cambio actual).
Para este monto de préstamos, el Banco Central Uruguayo autoriza tasas diarias del 0,062 %, pero la banda cobraba el 20 % y el comerciante tenía entre 20 y 30 días para cancelar toda la deuda.
La fiscal departamental Irena Penza, en declaraciones para el noticiero Telenoche de Uruguay, señaló que la cofradía usaba un software que calculaba los intereses según el monto prestado.
En caso de atrasarte, los delincuentes intimidaban al comerciante con amenazas y armas de fuego, o lo sometían a brutales golpizas. El hostigamiento era diario y en algunos casos llegaron a incendiar las propiedades de los afectados.
Según el Documento de Formalización del Caso, que la Fiscalía Departamental de Tacuarembó presentó ante el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de esa ciudad, conocido por EL COLOMBIANO, “averiguaban los centros de estudio de los hijos de las víctimas, presentándose a su vez en la puerta de los mismos exigiendo el pago de las cuotas adeudadas, bajo amenaza de sufrir un daño a su persona, bienes o bajo el temor de que llamarían al ‘Supervisor’, quien resultaba ser una persona que manejaba armas de fuego”.
Otro aspecto delicado del caso es que la banda, al parecer, reclutaba gente en territorio colombiano, ofreciéndole oportunidades de empleo en Uruguay que terminaban siendo un engaño, con una táctica muy similar a la que emplean las redes transnacionales de trata de personas y explotación sexual.
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“Esta red reclutaba personas generalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaban a nuestro país con la promesa de realizar un trabajo que pudiera ayudar a sus familias en Colombia, muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar”, expuso la Fiscalía en el documento.
Y prosiguió: “Llegaban únicamente con un pasaje de ida, cuyo costo debía ser reembolsado al recluta con trabajo durante un período de un año, con condiciones asimismo de alojarse en las viviendas proporcionadas por su reclutador, a las cuales no podía ingresar nadie por fuera del negocio, por un tema de seguridad del dinero que se manejaba en el interior de dichas viviendas”.
Los reclutas empezaban a trabajar como cobradores bajo intimidación. Debían abordar un vehículo que la banda denominaba “la ruta”, y en él hacían las rondas de cobros a los locales y morosos de diferentes vecindarios.
La fiscal Penza señaló que los delincuentes actuaban de forma itinerante en varios departamentos, pero que en el último año se radicaron en Tacuarembó. Algunos implicados tenían locales de electrodomésticos como fachada.
Según el Ministerio del Interior de ese país, con esa información diseñaron la Operación Parce, denominada así por la palabra castiza que usaban los sospechosos, al parecer nacidos en Antioquia.
En principio se identificaron 40 miembros de la organización, que no solo operaban en Tacuarembó, sino también en los municipios vecinos.
En los allanamientos, que comenzaron esta semana, han capturado a 25 de ellos (uno con doble nacionalidad colombovenezolana). A 19 los mandaron a la cárcel por cargos de usura, asociación para delinquir y violencia privada (amenazas); y a otros seis les impusieron medidas restrictivas diferentes, como detención domiciliaria.
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