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Las solicitudes para sacar al fiscal Mario Burgos del caso que adelanta contra Nicolás Petro siguen llegando a las instancias judiciales. Esta vez, hasta el despacho de la fiscal delegada para la seguridad, Luisa Obando, llegó una solicitud de recusación para apartar del proceso al funcionario. La remitente es Laura Ojeda, actual pareja sentimental del hijo mayor del presidente, quien está empeñada en dejar por fuera al fiscal Burgos. Es la segunda vez que interpone el mismo recurso.
Ojeda fue declarada víctima en el proceso que también se sigue contra la expareja de Nicolás, Daysuris Vásquez, luego de que se conociera que esta la estaba perfilando para supuestamente destapar una infidelidad. Y desde esa posición, Ojeda alegó por medio de su abogado, Miguel Díez, que el fiscal Burgos dejó pasar los tiempos para presentar un escrito de acusación o solicitud de preclusión contra Vásquez; como si de cierta manera la estuviera favoreciendo.
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Según el documento de 15 páginas conocido por El Colombiano, aliado de Pulzo, el abogado Díez hizo un resumen completo de las actuaciones del funcionario de la Fiscalía para argumentar su separación del caso.
Por un lado, el recurso indica que el fiscal Burgos dejó vencer el término del artículo 175, en el que se dictan las disposiciones para la acusación o preclusión ante un juez de conocimiento.
Caso contrario fue el de Nicolás, cuando el pasado 11 y 12 de enero quedó formalmente imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que se conocieran chats y pruebas que apuntan a que se habría quedado con 1.053 millones de pesos de manera irregular. Ese dinero también salpicó a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado, como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel “el turco” Hilsaca.
Mientras que Vásquez apenas está negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía y tendría el próximo martes, 30 de enero, la audiencia para legalizarlo a cambio de que le den inmunidad total, siempre y cuando entregue más información. Esa audiencia se tuvo que aplazar porque el abogado de Vásquez, Alait Freja, explicó que su defendida no tenía los $40 millones que necesita para restituir los recursos con los que, al parecer, habría aumentado ilegalmente su patrimonio.
Precisamente, tres días antes de esa primera audiencia pactada para el 15 de enero, el abogado de Laura Ojeda presentó la solicitud de recusación que todavía no ha sido respondida por la Fiscalía.
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“Desde el dos de agosto, fecha de la formulación de imputación, hasta el 12 de enero de 2024 han transcurrido 163 días. En esa medida, se configuran de forma objetiva las causales de impedimento”, se lee en el documento.
Para el abogado de Ojeda, esas son razones suficientes para insistir en una recusación. Y es que no es la primera vez que intentan sacar al fiscal Burgos del caso. El pasado 22 de diciembre, la Fiscalía ya había negado una solicitud similar de Ojeda justificando que Vásquez tenía una negociación pendiente con la justicia, por lo que los términos se ampliaban a 240 días.
Bajo esa consideración, el abogado penalista Francisco Bernate explicó a El Colombiano que “con la recusación se pretende que el funcionario se aparte de la investigación. Sin embargo, se tiene claro que esos términos son indicativos, una investigación normalmente toma más tiempo. Si bien está en su derecho y queda clara la intención de sacar al doctor Burgos, no tiene ninguna vocación de prosperidad, no se le va a dar curso a esta solicitud”.
Lo cierto es que esas no han sido las únicas jugadas para buscar sacar al fiscal Burgos del proceso. A las insistentes solicitudes de recusación se les suman las constantes denuncias de Nicolás Petro sobre la vulneración de sus derechos; quejas que incluso le abrieron un expediente al fiscal Burgos en la Comisión de Disciplina Judicial por la filtración de su interrogatorio en el que aceptó que a la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, habría entrado dinero irregular.
Por ahora todo apunta a que el fiscal Burgos se queda en el caso, pero falta esperar la determinación final de la Fiscalía o las nuevas estrategias para apartarlo del proceso.
Pulzo complementa
Durante la audiencia de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, su abogado, Diego Henao Vargas, denunció la supuesta vulneración del debido proceso por parte de la Fiscalía General, dirigida por Francisco Barbosa. Aseguró que se han violado los derechos procesales de Petro Burgos, impidiendo garantías plenas. La defensa solicitó la anulación de la imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Sebastián García, otro abogado de Petro Burgos, pidió la nulidad de la imputación argumentando la falta de un elemento objetivo en el delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal del caso, Mario Burgos, afirmó que los argumentos de la defensa no eran suficientes y destacó que el hijo del presidente confesó hechos ilícitos documentados.
A pesar de la solicitud de la defensa, el juez mantuvo la imputación en firme. Los abogados insistieron en que la Fiscalía buscó mediatizar el caso y señalaron que la acusación carece de validez. Diego Henao Vargas anunció que presentará las supuestas equivocaciones cometidas por la Fiscalía y seguirá acudiendo a tribunales nacionales e internacionales para denunciar abusos e irregularidades en el proceso.
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