Los actos de corrupción incluyen el presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley.
Por la gravedad de los hallazgos, el Ministerio Público anunció que “asumirá todas las investigaciones disciplinarias que por estos hechos o relacionados se adelanten al interior de las Fuerzas Militares”.
La Procuraduría también le pidió al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que adopte medidas para garantizar el correcto manejo de los recursos destinados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec), y además suspender por 30 días la entrega de dinero a esa dependencia adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares.
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Carrillo también le exigió al comandante General de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, “que designe un oficial del más alto nivel que asuma la responsabilidad de preservar todos los medios probatorios que requiera la investigación” y asuma la cadena de custodia de esas evidencias.
La investigación también busca determinar si se adquirieron “equipos para la interceptación de comunicaciones, el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personalidades de la vida nacional”. Es decir, que se vuelve a hablar de posibles interceptaciones ilegales y espionaje a figuras relevantes en el país.
Este escándalo de corrupción se presentó durante cinco años en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). Las personas investigadas inventaban fuentes a las que había que pagarles por entregar información de beneficio para la seguridad nacional, y falsificaban sus identidades con documentos de personas reales a las que “les hacían firmar y poner su huella en documentos en blanco a cambio de unos pocos pesos”, reveló Semana.
Por esa información falsa, “cada mes, a cada comandante de compañía le giraban un cheque con sumas mensuales con promedio de 120 millones de pesos. De esa plata tomaban una parte para sus labores, pero tenían que devolver en la mayoría de los casos entre el 50 y 80 por ciento para lo que se llamaba el ahorro”, agregó la revista en otro informe.
Uno de los oficiales salpicados por este escándalo es el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, entonces comandante de las FF. MM., que divulgó un comunicado asegurando que son “afirmaciones mentirosas y calumniosas” y que las fuentes de la revista Semana le suministraron “información absolutamente contraria a la verdad”.
Entre tanto, la Procuraduría agregó que por los graves hallazgos adelantará una nueva inspección en el Comando General de las Fuerzas Militares.
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