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A través de un comunicado público, el senador Iván Cepeda advirtió que este miércoles, 10 de enero, se cumple el plazo de 90 días que tiene la Fiscalía para presentar escrito de acusación o radicar preclusión en la investigación por soborno de testigos contra Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, un día antes de finalizar ese plazo, el fiscal encargado, Andrés Palencia, renunció a su cargo y la investigación quedó en vilo.
Iván Cepeda, quien ya se había pronunciado en su cuenta de X advirtiéndole al fiscal Francisco Barbosa que no se dilatara más el proceso en contra de Uribe, aseguró que se debe continuar la investigación. “El referido término no tiene el carácter de personal, por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia, no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas”, dice el documento.
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Y advierte, además, que de no presentar escrito de acusación, “la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción”. En el comunicado reseña los dos intentos fallidos pasados que ha tenido el caso por ser precluido ante la Fiscalía y mencionó que elevará, nuevamente, solicitud de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por la “vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso”.
Comunicado a la opinión pública sobre el rol de la Fiscalía en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe https://t.co/nXCVu2kJcB
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 10, 2024
En octubre pasado, el Tribunal había decidido, en segunda instancia, que la investigación no podía cerrarse, pues el ente investigador aún tenía evidencia para mantener el proceso vigente. Esta decisión era la tercera que emitía la justicia sobre la imposibilidad de cerrar el caso, contrario a lo que pretendía la Fiscalía, Procuraduría y la defensa de Uribe.
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El caso tiene su génesis en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presentar testimonios de exparamilitares que supuestamente lo vinculaban con las autodefensas. Sin embargo, en febrero de 2018, el proceso tuvo un giro inesperado cuando el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario. En ese momento, empezó una larga batalla judicial en la Corte Suprema de Justicia, hasta que el expresidente renunció a su curul y el proceso se trasladó a la justicia ordinaria.
Pulzo complementa
Cepeda critica la propuesta del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de convocar a un plebiscito para definir el futuro de las negociaciones de paz con el Eln. Cepeda argumenta que no es responsabilidad del jefe del ente acusador hacer tales planteamientos sobre la política de paz del Gobierno. Según el senador, la propuesta parece más una “campaña electoral” que un enfoque adecuado para la conducción de la política de paz. Cepeda sostiene que el fiscal debería permitir que el presidente lidere dicha política, conforme a lo establecido por la Constitución, en lugar de someterla a sus caprichos y a una posible campaña electoral.
El senador también enfatiza que la paz requiere paciencia y argumenta en contra de abandonar los esfuerzos de paz con el Eln, a pesar de los desafíos, destacando los avances importantes logrados. Cepeda cuestiona las intenciones del fiscal, sugiriendo que sus acciones podrían contribuir a prolongar la violencia en Colombia. Concluye señalando que el proceso de paz demanda paciencia, perseverancia y esfuerzos, características que, según él, no parecen alinearse con la postura del fiscal.
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