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En 2022, de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) realizada por Cartagena Cómo Vamos, el 56% de los habitantes de la Isla de Barú se percibió como pobre, muy superior al 42% de la ciudad en general. Al revisar la desagregación por corregimientos encontramos que, en Santa Ana, el 67% de su población consideró pobre, para el caso de Ararca y Barú, fue el 50% y 49% respectivamente.
Este primer indicador da luces de una situación aún más crítica, tal como lo es la seguridad alimentaria. En la EPC se les preguntó si ellos o algún miembro de su familia en las últimas cuatro semanas tuvo que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos, el 47% de la Isla afirmó haberlo hecho. En Santa Ana llegó a ser más del 50% de la población, en Barú fue el 48% y en Ararca, el 39% de los habitantes pasó hambre.
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Todas las 3 instituciones educativas oficiales (I.E.O) de la Isla de Barú, así como el Instituto Ecológico Barbacoas, que es privado, quedaron en la categoría D, la más baja de las Pruebas Saber 11, lo que pone en evidencia las brechas que se extienden desde lo urbano a lo rural, ya que en Cartagena el 88% de la I.E.O están en las dos más bajas (D y C).
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De acuerdo con Corvivienda, los datos de fuente censal arrojaron que el 85% de los hogares de la Isla de Barú están en déficit cualitativo. Para el caso de Cartagena, este déficit es sólo del 28%. Por su parte, también se necesita mayor control al crecimiento de asentamientos informales.
Para 2022, los corregimientos de la Isla cuentan con 99% de cobertura de energía eléctrica y 87% de cobertura en gas, sin embargo, a nivel de acceso a agua potable sólo Ararca y Santa Ana disponen del servicio por tubería, en Barú no tienen acueducto. Ninguno cuenta con soluciones de alcantarillado, lo que se convierte en una problemática de salud pública que amerita atención prioritaria.
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Priorizar en el próximo Plan de Desarrollo proyectos que promuevan mejores condiciones de calidad de vida para la zona insular de Cartagena no da espera. Es clave que este tenga enfoque territorial, que les permita acceder a educación y empleo de calidad, así como tener cobertura total de agua potable y alcantarillado.
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Las comunidades deben participar en la priorización de los proyectos para que respondan a una visión territorial, puedan ser recibidos y tengan un resultado positivo en el mediano plazo.
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