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Daniel Quintero vuelve a estar bajo la lupa por nuevos hallazgos en el manejo de la caja menor durante su administración en Medellín. La Contraloría distrital evaluó el fondo fijo reembolsable de las secretarías y abordó facturas de 2022 y primera parte de 2023.
La Contraloría revisó meticulosamente un 50.26 % de las facturas del año pasado, equivalentes a $ 151.947.162, y la totalidad de los recibos del primer semestre de este año, sumando $ 158.798.029, según recopiló El Tiempo. El informe destaca dos hallazgos administrativos, uno administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, y otro administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
(Vea también: Procuraduría deja quieto en primera a Daniel Quintero y le formula pliego de cargos)
El primer hallazgo señala rubros sin cuantificación debido a la falta de registro del monto programado en las resoluciones que abrieron el fondo fijo para las vigencias 2022 y 2023. La Contraloría (la Nacional podría embargar a la Cancillería) subraya el desconocimiento normativo y la ausencia de planificación del gasto, permitiendo erogaciones sin requisitos.
Por otra parte, destaca una posible incidencia fiscal de más de $ 117 millones por falta de autorización y certificación de gastos en restaurantes. La entidad señala que solo $ 7.799.790 fueron autorizados de los $ 124.566.0005 desembolsados para atender reuniones oficiales, permitiendo compras individuales o personales afectando la eficiencia del gasto público.
La Contraloría revela gastos no autorizados en restaurantes de Bogotá, Cartagena, y Bucaramanga (que ahora tendrá Starbucks), ascendiendo a más de $ 116 millones. Además, se observaron gastos en refrigerios, bebidas, y productos de panadería, considerados no urgentes ni necesarios.
Un segundo hallazgo administrativo en el mandado de Daniel Quintero, quien ya tiene trabajo, señala deficiencias en la programación de gastos, indicando que aprovisionar la cocina, pagar peajes y comprar flores eran previsibles y recurrentes. Finalmente, se destaca un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria relacionado con incumplimientos del ordenador del gasto y el pagador en la autorización de pagos.
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