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El pasado jueves 16 de noviembre, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, radicó un proyecto de ley ante el congreso que busca incluir en la rama judicial el delito de ‘Obstrucción a la paz’, para imponer una sanción a aquellas personas que cometan cualquier tipo de acto que pueda llegar a impedir la paz en el país.
El senador Cepeda hizo el anuncio a través de X: “He radicado un proyecto de ley para combatir los delitos que atenten contra la paz, especialmente cuando son cometidos por altos servidores públicos. El objetivo es sancionar acciones que obstaculicen el proceso de consolidación de la paz en Colombia”.
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Además, añadió: “Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz y otras conductas delictivas, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango. Asimismo, contempla sanciones para los desvíos y la corrupción en los fondos públicos destinados a la paz”.
He radicado un proyecto de ley para combatir los delitos que atenten contra la paz, especialmente cuando son cometidos por altos servidores públicos. El objetivo es sancionar acciones que obstaculicen el proceso de consolidación de la paz en Colombia. El proyecto establece la… pic.twitter.com/KNKkMBA7IT
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 16, 2023
Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó una dura respuesta y advirtió que con esta ley lo que buscan es mandar a la cárcel con una pena de 15 años a cualquier persona que critique la ‘Paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Por esta razón, el jefe del ente acusador estuvo en 6AM de Caracol Radio para hablar sobre este tema. “Primero es un proyecto que cómo está redactado, lo que busca es poner una mordaza a la ciudadanía y servidores públicos sobre cualquier manifestación que se haga alrededor de procesos que se adelanten bajo la política de ‘Paz total’”, dijo Francisco Barbosa.
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“Lo que construyen es una idea general a través de la cual, con unos verbos abstractos, dicen que aquel que obstruya cualquier tipo de estos procesos de paz tendrá una pena de 10 a 15 años de cárcel y tendrá circunstancias de agravación de pena, si caen en unas condiciones donde los servidores públicos terminan afectados también”, explicó el fiscal, quien negó aspiraciones presidenciales.
Y puntualizó: “El ministro de Justicia es un jurista que debe saber de lo que estoy hablando, en este momento se debe estar cogiendo la cabeza y diciendo: ¿‘qué es ese adefesio que se presentó’?, conociéndolo como lo conozco, no debe decir lo contrario porque eso si ya sería el mundo al revés. El Congreso ni siquiera le deben poner atención a estas iniciativas tan contradictorias con la jurisprudencia”.
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