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Este artículo fue curado por Fabian Ramirez   Nov 14, 2023 - 7:53 am
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Ante la polémica generada por la publicación que hizo en las últimas horas Daniel Briceño, concejal electo de Bogotá, en la que revela que tres excontratistas de la Cámara de Representantes hicieron aportes a la campaña a la Gobernación del Cesar de José Luis Mayorca, tío del representante David Racero, el congresista emitió un comunicado respondiendo.

(Vea también: Pelea en el Pacto Histórico: Racero pide cabeza de Bolívar por hablar mal del partido)

Según Briceño, se pudo presentar un carrusel de contratación, pues las vinculaciones a la Cámara se produjeron durante la presidencia de Racero y, meses después, las excontratistas aparecen como donantes de dinero a la campaña de su tío.

Ante esto, el representante del Pacto Histórico negó cualquier vínculo con la campaña y aseguró que no es responsable por los aportes u otras decisiones que esas personas hayan tomado en materia económica o política.

“Debo manifestar enfáticamente que no tuve ninguna participación en la campaña de José Luis Mayorca a la Gobernación del Cesar, máxime cuando ni siquiera era candidato del Pacto Histórico. No tengo ninguna relación política, económica o judicial con el señor Mayorca”, precisó.

Asimismo, Racero defendió los contratos manifestando que se ajustaban a los requisitos de ley y que fueron cumplidos a cabalidad.

Todos los procesos contractuales de las tres personas en mención están debidamente soportados y fueron terminados a satisfacción antes del 20 de julio del año en curso, fecha en la que terminé mi Presidencia (y antes de la campaña electoral). El monto de los tres contratos es de $84.3 millones, para un periodo de 5 meses y medio, a razón de $15.3 millones mensuales, divididos entre las tres personas. A partir de sus perfiles profesionales (las tres profesionales universitarias, dos con posgrado) dieron cuenta cabalmente de las funciones asignadas. No hay ningún tipo de irregularidad e inconveniencia en los mismos”, dijo.

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Finalmente, el congresista señala que las acciones que hayan cometido en época electoral, después de la terminación de sus contratos en la Cámara de Representantes, son “un asunto absolutamente ajeno” a su interés y a su responsabilidad.

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