Este jueves, la Corte Suprema de Justica se reúne por tercera vez en lo que va de 2024 para elegir al fiscal general de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa. La sesión del alto tribunal (llamada sala plena) ocurre en medio de las fuertes presiones que soporta dentro de Colombia con manifestaciones de las que se han producido brotes de hostilidad y por fuera del país debido a los comentarios de organismos multilaterales como la OEA, la ONU y la CIDH.
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Esta situación ha hecho que una palabra se erija como bandera de ese alto tribunal, enarbolada con energía por sus magistrados para reclamar respeto por su trabajo: independencia. Ese concepto, vital para una democracia basada en la separación de las ramas del poder público, ha sido puesto en vilo con las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro con el fin de exigir la elección inmediata de una fiscal de la terna que él propuso.
Ese llamado derivó en que, el pasado 8 de febrero, manifestantes sitiaran el Palacio de Justicia e impidieran la libre locomoción de los magistrados, un hecho que todo el país vio, que provocó incluso comentarios de solidaridad de la Corte Constitucional, pero que fue negado por el presidente Petro, para quien lo que se vio fue “información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran”.
Con el fin de evitar que esto se repita, las autoridades de la capital tienen listo un amplio operativo de seguridad al que se sumará el trabajo de gestores de convivencia para que la ciudadanía se pueda expresar, pero también que el alto tribunal tenga la posibilidad de deliberar con independencia. Más de 1.800 policías garantizarán la tranquilidad en las marchas previstas de nuevo y la libre movilidad de los magistrados.
El comandante de la Policía Metropolitana, general José Daniel Gualdrón, explicó que habrá un plan de movilidad para aislar el sector del Palacio de Justicia con el fin de que a ese recinto solo puedan acercarse e ingresar sus trabajadores. Los cierres viales serán sobre la carrera octava, la calle 12, la carrera novena y la calle 12 B.
Presiones internacionales a la Corte Suprema de Justicia
Esas medidas, sin embargo, no podrán blindar a la Corte Suprema de la presión internacional que soporta y frente a la cual también reclama independencia. No hay muchos antecedentes que den evidencia de que la OEA, la ONU y la CIDH se hubieran alineado en coro para solicitarle a la máxima instancia judicial de un país una decisión en cualquier sentido. Eso, más bien, resulta alejado de los propósitos misionales de estos organismos, que tienen situaciones más graves que atender en todo el continente americano y en el mundo.
En medio de toda esta tensión, los 23 magistrados del alto tribunal se reúnen este jueves para escoger entre Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, ternadas por Petro para reemplazar a Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Pero ninguna de ellas será elegida si no obtiene, como mínimo, 16 votos. Mientras tanto, la que ocupa hoy el cargo de manera interina es Martha Mancera, que fue la vicefiscal de Barbosa y que también produce resquemores en el Gobierno.
Si bien el presidente Petro presentó la terna el 2 de agosto del año pasado, y con eso se ha creado la sensación de que es la Corte Suprema la que no va a buen ritmo, hay que entender que el proceso de elección de fiscal no comienza con la presentación de la terna, sino con el inicio de las deliberaciones de los magistrados, que, para este caso, fue el 25 de enero pasado. Así que la Corte no cumple ni un mes desde que empezó a debatir sobre la terna de Petro.
Que la Corte no elija fiscal en las primeras sentadas de los magistrados para ese efecto no es nada nuevo en Colombia. Y no se puede ver como una actitud de los magistrados contra un gobierno determinado, sea de izquierda o de derecha. El país recuerda lo que pasó en 2009 cuando el alto tribunal tuvo 26 votaciones fallidas y no eligió fiscal en más de un año y medio. Incluso devolvió las ternas que le había enviado el presidente de entonces, Álvaro Uribe, que terminó su mandato sin que la Corte escogiera fiscal.
El vicefiscal de la época, Guillermo Mendoza Diago, ocupó el cargo del saliente fiscal Mario Iguarán, y se quedó allí hasta enero de 2011, momento en el que asumió la primera fiscal mujer en Colombia, Viviane Morales, elegida por la Corte Suprema de terna que entregó el presidente Juan Manuel Santos.
Este no es más que un botón de muestra de que la Corte tiene su propio ritmo, porque los últimos cuatro fiscales generales en propiedad han recibido la fiscalía de manos de fiscales interinos (los vicefiscales del momento). Para elegir a Morales, la Corte se demoró 16 salas plenas, y para elegir a Barbosa, siete.
Petro ha dicho que son sectores corruptos los que se resisten a que la Corte Suprema elija a la nueva fiscal de una terna “decente” (la que él pasó). La oposición, en cambio, dice que la premura de Petro y sus seguidores para que se elija fiscal tiene su origen en el interés del mandatario de que la nueva jefa del ente acusador salga de su terna. La razón: esa fiscal tendrá en sus manos investigaciones al hijo y al hermano de Petro y a la financiación de su campaña.
El hecho de que la Corte lleve un ritmo diferente al que espera el Gobierno provoca en el Ejecutivo un doble malestar. Primero, porque no elige fiscal de la terna del presidente Petro; y segundo, debido a que mientras no haya un fiscal en propiedad, la Fiscalía seguirá a cargo de Martha Mancera. Además, ella provoca desconfianza entre la izquierda, que considera que seguirá la misma línea opositora de Barbosa, y la descalifica también por las acusaciones en su contra de favorecer a un exintegrante del CTI en Buenaventura señalado de vínculos con bandas de tráfico de drogas y de armas.
El ambiente, pues, en torno a la elección de nuevo fiscal general de la Nación está crispado. Tal y como lo pidió el presidente de la Corte Suprema, magistrado Gerson Chaverra Castro, después de informar a la opinión pública del “asedio” y el “bloqueo violento e ilegal” a que fue sometido el Palacio de Justicia, el Gobierno nacional debe brindar las garantías necesarias para que ese alto tribunal pueda ejercer sus competencias “sin presiones, hostigamientos o amenazas”.
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