Jaime Rafael Salazar Quintero tenía una orden de captura emitida por el Juzgado 19 Penal Municipal, que había sido solicitada por la Fiscalía 10 del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abusos Sexuales, según informa Aldía.co.

La captura la llevó a cabo el mismo Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el domingo pasado, luego de que algunos familiares lo acusaran de haber abusado sexualmente de su propia hija de 16 años, agrega Zona Cero.

En un comunicado publicado en su sitio web oficial, la Defensoría del Pueblo confirmó y rechazó el hecho, y dijo que ya le fueron practicadas pruebas de ADN al bebé que nació luego del abuso del que fue víctima la menor.

“A esta versión se sumaron los resultados de pruebas de ADN que las autoridades realizaron al bebé que tuvo la menor de edad, con los que se comprobó en un 99,9 por ciento que era hijo de Salazar Quintero”, dice el comunicado.

El abuso por parte de Salazar se habría dado en septiembre del año pasado y la denuncia la interpuso la mamá de la menor luego de que ella misma le contara que su papá la llevaba cada sábado a la oficina con el pretexto de que le hiciera limpieza al lugar, pero allí abusaba carnalmente de ella, agrega Aldía.

“La mujer interrogó a la menor, luego de darse cuenta que ‘se le movía algo en la barriga’. Y al preguntarle de quién estaba embarazada, ella contestó: ‘de mi papá’”, agrega ese sitio web de noticias de Barranquilla.

Durante la captura, a Salazar le fue encontrada una pistola calibre 7,65, marca Browing y ahora se procederá con la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

En el comunicado, la Defensoría asegura que el señalado estaba contratado por prestación de servicios y que, tras el hecho, no le van a renovar el contrato.

“Por otra parte, se presta asesoría y acompañamiento a la madre de familia y a la menor de edad, para verificar que se cumpla la ruta de atención adecuada y se le asignó un abogado del programa de representación judicial de víctimas”, agrega el comunicado.

Además, acompañarán a la familia en el marco de un posible caso de revictimización “debido a que en su colegio no se habría atendido de manera adecuada a la menor de edad”, concluye.

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