Otra semana de fuego para la reforma a la salud inicia en el Congreso. Este martes, la Comisión Séptima de Cámara inicia el debate a las ponencias positivas, mientras el Gobierno sigue –como en el póker– all in con este proyecto.

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Por eso, el Ministerio de Salud informó que incluyeron en el texto de ponencia cuatro artículos encaminados a solucionar barreras de acceso y a endurecer controles, que fueron propuestos por gremios del sector, académicos y los partidos Conservador, de La U, Liberal, Comunes, Alianza Verde y Pacto Histórico. Sin embargo, prevalecen otros puntos de preocupación por la posible estatización del sistema de salud.

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El artículo 138 de la reforma le sigue dando seis facultades extraordinarias al presidente los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma, entre las que se encuentran modificar normas en materia de salud pública y expedir disposiciones laborales para trabajadores de la salud en el sector público y privado.

Para la experta en economía de la salud Alejandra Taborda el que estas facultades sigan minan la credibilidad de la reforma y de las cesiones que ha hecho la ministra Corcho, además de ser “un riego para la salud pública”, ya que “darle estos poderes a un Gobierno que se empeña en decir que somos uno de los peores sistemas del mundo tiene todos los riesgos del mundo”.

¿Sí cedió el Gobierno?

Según el ministerio dirigido por Carolina Corcho, el proyecto incluye 139 artículos, de los que 40 son nuevos. En ese sentido, se adicionó el concepto de servicios sociales complementarios para que las personas de bajos recursos tengan “acceso a servicios de salud en sitios diferentes de donde residen” por medio del “transporte, hospedaje, acompañantes y cuidados crónicos de enfermería en casa”.

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Por otro lado, incluye un mecanismo de control de precios de medicamentos con la formulación de una política farmacéutica de insumos y tecnologías, con la compra de medicamentos esenciales y “el respaldo a la producción nacional de moléculas no protegidas por patentes” y con la eliminación de “trámites innecesarios” de licencias y permisos sanitarios ante el Invima.

Así mismo, se incluyó una enmienda para resolver la falta de medicamentos por medio de la creación de un programa de becas para posgrados en especialidades médico-quirúrgicas.

Ante esto, Taborda agregó que “unos aspectos mejoran y otros se vuelven más controversiales porque se eliminan los fondos regionales, pero dejan los departamentales y sigue planteado un enfoque estatista del manejo de recursos que no resuelve los problemas de fondo del sistema”.

Lo concreto es que no solo de enmiendas se creará confianza sobre este proyecto, sino en la capacidad que tenga una ministra y un presidente de reconocer 30 años de historia de un sistema que ha respondido a las exigencias más complejas en ese tiempo.

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