La estatua de bronce de Juan Pablo II está instalada desde 2006 en un parqueadero público de Ploërmel, un pueblo de 10.000 habitantes. Pero una decisión del pasado 25 de octubre del Consejo de Estado de ese país ordenó su retirada en nombre del laicismo que debe respetar una ley de 1905, según la cual Francia es una república laica, con un estado neutro y separado de las religiones.

Muchos franceses están orgullosos de este principio, poco frecuente en Europa. Según un sondeo publicado en 2017 por WinGallup, el 50% de los franceses se declaran ateos frente al 45% que son religiosos.

Uno de los habitantes explicó que “el problema no es la estatua en sí misma. El papa es un personaje como otro cualquiera, pero el hecho de que le pongan una cruz inmensa encima la convierte en un monumento religioso”.

Estatua Juan Pablo II
Estatua Juan Pablo II / AFP

El artículo continúa abajo

Sin embargo el laicismo también es una cuestión de constantes polémicas, en particular sobre la presencia en el espacio público de signos religiosos musulmanes, como el velo, o cristianos, como los pesebres de Navidad.

Fue este mismo principio el que llevó en 2005 al entonces presidente francés Jacques Chirac a rechazar que en el proyecto de constitución europea se incluyera una referencia a las raíces cristianas de Europa.

Varias personas han reaccionado a favor y en contra, y desde varios sectores. “Esta estatua no molesta a nadie, aquí está en su lugar e incluso atrae a los turistas”, dice otra ciudadana.

El exalcalde conservador Paul Anselin, que impulsó en su momento la instalación de la escultura, tiene 87 años y es conocido por sus excentricidades. Ahora quiere organizar un referéndum local sobre la cuestión porque conoció a Juan Pablo II en 1987. Otro político conservador quiere privatizar el terreno donde está la estatua para que no se pueda aplicar la ley de 1905.

“Privatizar un espacio alrededor de la estatua no arregla nada, porque el problema es el carácter ostentatorio de la cruz”, asegura sin embargo Gilles Kerouedan, de la Federación del Pensamiento Libre del Morbihan, que se opone a la estatua desde hace tiempo y asegura haber recibido amenazas de muerte.

También se ha manifestado la primera ministra conservadora polaca, Beata Szydlo, que dijo que intentaría “salvar de la censura el monumento de nuestro compatriota”.

Con información de EFE.