La política del presidente de El Salvador para controlar el crimen organizado en todo el país ha resultado exitosa, si de cifras se habla. Nayib Bukele ha presentado balances que dejan en evidencia que la reducción de homicidios ha sido sustancial e incluso han llegado a cero.
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Sin embargo, las estrategias de su administración suelen recibir cuestionamientos desde organismos internacionales (y del propio presidente colombiano Gustavo Petro). Este seis de abril, la CIDH le solicitó restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses en el marco del régimen de excepción.
Y es que El Salvador cumplió a finales de marzo un año con esta medida, que ha dejado más de 66.400 detenciones y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.
A juicio de la CIDH, la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, “constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses.
Aunque el organismo reconoce los grandes retos de ese país para enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales como las pandillas, pidió un cambio en la estrategia.
“El Salvador debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia —tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana— se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, subrayó.
La CIDH concluyó que el régimen de excepción, en el que el Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada “guerra contra las pandillas”, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
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