Este miércoles 20 de marzo se desató un escándalo en España, luego de que la Guardia Civil registrara la sede de la federación de fútbol de ese país en medio de una investigación que se está adelantando por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudita.
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Los agentes que participaron en el allanamiento buscaban contratos irregulares celebrados en los últimos años durante la presidencia de Luis Rubiales, quien renunció a su cargo el año pasado después del caso del beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.
De hecho, la casa de Rubiales también fue inspeccionada, pero el exdirectivo no se encontraba en ella puesto que está en República Dominicana, según mencionó el diario ABC.
“Estoy absolutamente sorprendido por todo esto. Llevo meses trabajando aquí, en República Dominicana. Llevo más de un mes seguido. Y de hecho, mi familia se iba a desplazar a pasar conmigo la Semana Santa”, le dijo Rubiales a la periodista Isabel Rábago de la cadena Telecinco.
Pero horas después de los allanamientos, la Fiscalía de España solicitó su detención y emitió una orden de captura en su contra. Onda Cero explicó que, al estar en otro país, sería extraditado a España.
Por qué investigan a Luis Rubiales
La investigación está relacionada con el traslado de la Supercopa de España a Arabia firmado por Rubiales en 2019. Los contratos se celebraron por unos 40 millones de euros anuales (43,3 millones de dólares) para la RFEF y en dicha negociación actuó como intermediario Kosmos, la empresa del exfutbolista Gerard Piqué.
La intervención policial se enmarca en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, dijeron las fuentes judiciales.
El proceso arrancó luego de la denuncia presentada en 2022 por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán, contra Rubiales y Piqué.
En ella, Galán afirmaba que Rubiales y Piqué “acordaron un plan para lucrarse con 24 millones de euros (26 millones de dólares) en contubernio y a costa de la RFEF”.
El propio Gerard Piqué aseguró unos días antes de esas declaraciones en una rueda de prensa que “todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses”.
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