El ocaso de los moderados

La competencia por demostrar quién es más extremista está llevando a los congresistas a confundir el propósito de buscar votos con el de instigar a la violencia

Práctica en la historia y que ahora parece renacer en el afán de indignación de muchos, incluidos aquellos que también investigados por una justicia imperfecta a la que han logrado evadir, reclaman una justicia perfecta y sin atajos para sus adversarios.

Si la política representa la victoria de la civilidad sobre la guerra y su continuidad de otra manera, el Congreso es el escenario donde la coexistencia de las diferentes voces ciudadanas de todos los partidos y regiones es posible.

Por eso los actos contra el -culpable o inocente hasta que lo diga la Corte Suprema de Justicia-, desmovilizado ‘Jesús Santrich’-, pensados seguramente en consentir a hinchas rabiosos para que salgan a las calles verracos, -¿a votar? deben evaluarse también por su efecto de promoción de la violencia y el respeto al derecho para el que deben ser ejemplo los legisladores.

Si bien ‘Santrich’, no solo ha sido arrogante con las víctimas e incapaz aún de pedir perdón y un video lo compromete con el delito de narcotráfico y la justicia norteamericana reclama su extradición; se ha convertido en el símbolo tóxico del proceso de paz, sometido a las Cortes al escrutinio público y logrado arrinconar a los defensores del proceso de paz con el temor de verse afectados en las elecciones de octubre.

Aún así se le debe aplicar el derecho vigente porque esta radicalización solo siembra el camino a la tentación constituyente de una justicia plebiscitaria -por opinión-, donde los jueces serían reemplazados por un pueblo enfurecido dispuesto al linchamiento en desmedro de cualquier apego a la  institucionalidad y la ley.

Los extremistas han ganado espacio. No existe la tal conspiración de las Cortes salvo para justificar su reforma como parte de la campaña pre-constituyente y en venganza a los fallos que le son contrarios. Las objeciones a la JEP fueron derrotadas en el Congreso. El Consejo de Estado reconoció la curul de Santrich y es la Corte Suprema de Justicia quien deberá determinar el curso de su investigación por narcotráfico.

El país no puede seguir polarizado en la discusión de la legitimidad de un exguerrillero desmovilizado que obtiene fruto de la dejación de armas, una curul de congresista, ni este ambiente promover de manera irresponsable la violencia desde los micrófonos del Congreso.

Ejemplar fue la actitud al encuentro con el exguerrillero, del representante Jhon Jairo Hoyos cuyo padre –exdiputado del Valle-, fue secuestrado y asesinado por las FARC y quién para superar el dolor y el anhelo de un país diferente, decidió perdonar, esa capacidad escasa y necesaria para construir un país sin odios y violencia que contrasta con quienes llaman a la venganza y el rencor incluso en la civilidad que supone la pos-guerra en el escenario del Congreso.

La defensa del estado de derecho, el debido proceso y la Constitución es precisamente la última garantía que tienen los ciudadanos de acceder a un juicio justo pese a los odios y amores que los más audaces políticos o los peores delincuentes suscitan en la opinión pública, para que sean los jueces quienes fallen la inocencia o culpabilidad de un “enemigo público”.

El acatamiento a la Constitución y la Ley por impopular o políticamente incorrecto que parezca, es lo que nos aleja de los extremismos armados y violentos que se dan la mano y ahogan la moderación; es lo que evitaría repetir esa época oscura del renacimiento que narra Juan Esteban Constaín cuando recuerda en “más tiranos” a “una gente que está llegando al poder, cada vez más, o cada vez más cerca, en muchas partes a la vez, con el delirio por ideología, el delirio y el absurdo y la necedad y el desprecio manifiesto por los datos elementales de la realidad (…) cada vez más como sectas religiosas y enceguecidas a las que no les importa nada sino solo repetir su letanía y su relato: asumir que su visión del mundo, a cual más desquiciada, es la única que hay”.

Queda un espacio en la democracia colombiana donde los refugiados y excluidos de las extremas derecha e izquierda reclaman el respeto a la ley y reivindican la oportunidad del cambio y el sueño de un país con futuro diferente que deje atrás el discurso de violencia y sus réditos electorales y premie un asomo de civilización que supere y evite la barbarie.

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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.