Defensoría del Pueblo advierte sobre aumento de violencia en Cúcuta y señala posible vínculo con redes criminales

La violencia que se vive en Cúcuta ha alcanzado niveles preocupantes, evidenciada en episodios recientes como el asesinato de Miguel Castellanos y el atentado con un carro bomba. Según declaraciones de Iris Marín, defensora del Pueblo, dadas a Blu Radio, estos hechos no sorprendieron a la entidad, dado que desde tiempo atrás se habían emitido alertas sobre el posible aumento de los ataques. En este contexto, la defensora hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a otras autoridades judiciales, pidiendo investigaciones rigurosas sobre la posible relación entre redes de corrupción y los grupos armados que operan en la ciudad, pues considera que la dimensión de su control requiere de algún tipo de connivencia o complicidad no esclarecida hasta hoy.

De acuerdo con El Espectador, la Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana desde septiembre de 2025, que advertía sobre las amenazas crecientes contra funcionarios públicos, candidatos políticos, periodistas y líderes sociales. Además, esa alerta alertaba sobre un posible traslado del conflicto y la violencia presentes en la zona del Catatumbo hacia ambientes urbanos como Cúcuta. El informe identificó la presencia y accionar de estructuras criminales como AK-47 y el Tren de Aragua, las cuales ponían en riesgo la seguridad de autoridades locales y ciudadanos, e incluso establecían mecanismos de control para vetar la llegada de aspirantes políticos a ciertas áreas o para intimidar a los votantes de manera sistemática.

La Defensoría también documentó en su informe de seguimiento que, en la frontera y el occidente del departamento, estas estructuras contribuían a distintas formas de criminalidad, como la extorsión, el microtráfico de drogas, la trata de personas y casos de explotación sexual, configurando así un panorama de amenaza mucho más amplio que los hechos mediáticos de mayor visibilidad. Según El Espectador, la situación se agravó con el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de la ciudad, y de figuras como Jaime Vásquez, abogado, periodista y veedor ciudadano, quienes fueron asesinados tras denunciar hechos de corrupción. A estos crímenes se sumó el homicidio de Cristian Herrera, destacado reportero judicial del diario La Opinión, quien pese a contar con medidas de seguridad, fue atacado en su propio barrio tras reiteradas amenazas por su trabajo.

La defensora Iris Marín concluyó que Cúcuta se mantiene como un territorio de alto riesgo para quienes se dedican a la política, el periodismo o el liderazgo social, debido al accionar persistente de redes criminales ligadas a economías ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentó la violencia en Cúcuta según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el aumento de la violencia en Cúcuta se debe, en parte, a la operación de grupos criminales que lograron expandir sus redes dentro de la ciudad y sus alrededores. Estas estructuras, identificadas por sus amenazas y control sobre distintas actividades ilegales, se vinculan a economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, afectando directamente a líderes sociales, funcionarios, candidatos y periodistas.

¿Qué efectos tienen las amenazas de grupos armados sobre la política y el periodismo en Cúcuta?

Las amenazas y acciones violentas de grupos armados en Cúcuta han deteriorado el ambiente para la participación política y el ejercicio del periodismo. Según informes citados por El Espectador y la Defensoría del Pueblo, el riesgo de represalias, intimidaciones y asesinatos ha forzado a líderes y comunicadores a tomar medidas de protección, restringiendo el debate público y socavando la transparencia en la ciudad.