8 víctimas de muerte violenta aparecieron en área de Hidroituango; son 2.094 desaparecidos

La JEP continúa adelantando el trámite de búsqueda e inhumación de víctimas en los municipios que rodean a Hidroituango para establecer la verdad de lo que sucedió en esa zona del país.

En medio del proceso confirmó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.

En ese sentido, la JEP concluyó que este crimen se registró de forma “masiva, generalizada y persistente” en esa región del país, “al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”.

El tribunal señaló que estas desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares del Bloque Mineros y el Bloque Metro, además de los frentes 18, 36 y quinto de las Farc, y “por unidades de la Fuerza Pública”.

Además, confirmó que desde que comenzaron las diligencias y a la fecha, los investigadores han encontrado “8 cuerpos con signos de muerte violenta de personas no identificadas, posibles víctimas de desaparición forzada, provenientes del Cementerio de Orobajo, en el municipio de Sabanalarga”.

La información detalló que esa zona fue inundada por la represa y que los cuerpos habían sido llevados al Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia.

En la última inspección forense fueron hallados cinco nuevos cuerpos, que se suman a los tres encontrados durante el primer semestre de 2020. La JEP investiga posibles irregularidades en su traslado y manejo.

Las víctimas presentan heridas con arma de fuego como posible causa de muerte, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.

Estos ocho cuerpos se suman a los 176 exhumados a lo largo de los últimos años por la Fiscalía General en los municipios del área de influencia del proyecto de Hidroituango.

Sobre los más de 2.000 desaparecidos, la JEP detalló que este delito se incrementó a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC en Antioquia, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas).

Luego de eso, se disparó durante los años 2001 y 2002, periodo en el que fueron desaparecidos 358 ciudadanos. Finalmente, el número de desapariciones se comenzó a reducir de manera consistente a partir del año 2010, como se ve en la gráfica:

Por último, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP detalló que continúan practicando pruebas para contrastar la información en relación con la existencia de lugares de inhumación en el área de influencia de Hidroituango, entre las que se encuentra una inspección aérea y fluvial a las zonas inmediatas afectadas por el proyecto.