Ventilan otro lío que tendría con las cuerdas a general señalado por vínculos con disidencias

Se trata de Juan Miguel Huertas Herrera, quien fue retirado en la administración de Duque, pero fue reintegrado por el presidente Gustavo Petro.

El general Juan Miguel Huertas está bajo la mira porque lo señalan de tener nexos con las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá, luego de que se dieran a conocer presuntas pruebas extraídas de un computador.

(Vea también: Petro reacciona a informe de Caracol TV sobre disidencias de Farc y mete a Iván Duque)

Algunos testimonios y documentos mencionados por un informe de Noticias Caracol apuntan a contactos irregulares con estructuras criminales, aunque el oficial calificó ese material como no verificable.

Por otra parte, el general está bajo revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su posible participación en un caso de “falsos positivos” ocurrido en Antioquia entre 2002 y 2003.

En ese periodo, Huertas ocupaba el cargo de jefe de operaciones del Batallón de Artillería No. 4. Su vinculación formal se dio en 2023 con base en documentos y testimonios incluidos en el expediente.

El proceso se encuentra en la etapa de resolución. La Sala de Definiciones Jurídicas debe establecer si Huertas tuvo algún nivel de responsabilidad durante su tiempo de mando. Según los avances del caso, Huertas no sería considerado “máximo responsable”, aunque aún falta definir dos puntos centrales: si existe un grado de responsabilidad y si procede la renuncia a la persecución penal. .

El caso volvió a la discusión pública por los debates alrededor de su reingreso al Ejército Nacional ordenado por el presidente Gustavo Petro para que dirigiera el Comando de Personal (Coper).

General Huertas niega vínculos con disidencias de ‘Calarca’

Por su parte, Huertas rechazó esos señalamientos y afirmó que los documentos que lo incriminan no son verificables, señalándolos como una “fabricación malintencionada”.

Mientras la JEP toma una decisión, el proceso mantiene a Huertas en el centro del debate nacional y expone la necesidad de un sistema judicial claro y capaz de establecer responsabilidades en este tipo de casos.