Hasta con demanda (que ya está en estudio) buscan detener el paro nacional

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que pide responsabilidad a los promotores de las marchas del próximo 21 de noviembre.

El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano afirmó que su despacho estudia ese recurso judicial que solicita no llevar a cabo las movilizaciones, informó El Espectador.

Entre los demandantes está el exministro de Agricultura (del gobierno Santos) Rubén Darío Lizarralde, quien además de expresar en ese medio su preocupación por lo que podría pasar en el país ese día, en materia de orden público, sostuvo allí mismo que los promotores del paro nacional no han explicado con “exactitud” las razones de su convocatoria.

“Se espera que estas protestas causen graves afectaciones a los derechos e intereses colectivos  como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad, por las manifestaciones que han hecho públicamente y a través de las redes sociales los promotores del mismo”, le dijo Lizarralde al periódico.

La acción judicial buscaría además “obligar a los promotores del paro a que respondan ante el país, por los derechos de los ciudadanos y por las situaciones de vandalismo que se puedan llegar a presentar”, aseguró el exministro en Caracol Radio.

Y aunque el demandante defendió la protesta social como un derecho constitucional, respaldó su acción judicial solicitando la, también obligación constitucional, de preservar la paz en el país y evitar el vandalismo, añadió ese medio radial.

Tanto Lizarralde como María Claudia Rojas Lasso, exmagistrada del Consejo de Estado que también está en el grupo de querellantes, sustentaron su preocupación por los posibles riesgos de las manifestaciones poniendo como ejemplo el contexto de protestas y disturbios que se viven en la región por casos como los de Chile, Ecuador y Bolivia, Según RCN Radio.

Los demandantes no solicitaron medidas cautelares para detener las movilizaciones convocadas en todo el país, pero el tribunal estudiará si las otorga o no como parte de la solicitud de medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, precisó El Espectador.