Un nuevo capítulo jurídico pone en jaque los planes del Gobierno Nacional respecto al sistema de salud. El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó este miércoles la medida cautelar que ordena frenar, de manera inmediata, el traslado de cerca de tres millones de usuarios de diversas entidades prestadoras de salud hacia la Nueva EPS.
La decisión se conoció luego de que la Sala Tercera negara una solicitud de aclaración interpuesta por Camilo Carrea Romero, coadyuvante en el proceso. El Tribunal fue enfático al señalar que “no existe aspecto alguno que requiera aclaración”, validando que la orden de abstenerse de materializar el polémico Decreto 182 de 2026 es cristalina y debe cumplirse mientras se decide el fondo de la acción popular.
La batalla legal que hoy tiene en vilo a millones de colombianos no nació en una oficina gubernamental, sino de la preocupación de Víctor Raúl Palacio, un paciente cardíaco de Medellín. Palacio interpuso la acción popular argumentando que el traslado forzoso a la Nueva EPS ponía en riesgo su vida y la continuidad de su tratamiento especializado.
Según el recurso legal amparado parcialmente, la Nueva EPS “no cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar”. Además, el demandante advirtió sobre el aumento progresivo de quejas y acciones de tutela contra dicha entidad, lo que la inhabilitaría para recibir a un flujo tan masivo de nuevos pacientes sin colapsar el servicio.
Con esta ratificación, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud quedan con las manos atadas frente a las disposiciones contenidas en los recientes actos administrativos. La justicia ha priorizado el principio de precaución, evitando que el cambio de modelo administrativo afecte la prestación del servicio de salud de pacientes crónicos y de alto costo.
El fallo del Tribunal de Antioquia es un mensaje directo al Ejecutivo: la transición de usuarios no puede pasar por encima de las garantías financieras y operativas de las EPS receptoras. Por ahora, los tres millones de afiliados involucrados permanecerán en sus entidades actuales, a la espera de un fallo definitivo que determine si el Decreto 182 se ajusta o no a la protección del derecho fundamental a la salud.