Transmilenio (SITP), entre empresas que privan los derechos humanos: Defensoría

El organismo relacionó varias actividades económicas en el país, enfocado “en contextos de operaciones empresariales”, y hace un llamado a los empresarios para que incorporen estándares de derechos humanos.

Si bien reconoce que la actividad empresarial “puede ser creadora de valor económico, social y ambiental, con lo cual promueve y contribuye con la realización de los derechos humanos, no solo de sus colaboradores sino de la sociedad en general”, también llama la atención sobre el hecho de que “el pasado reciente evidencia las brechas que persisten en la materia en nuestro país”.

La Defensoría dice en un comunicado que ha sido “testigo del impacto y privación de los derechos humanos en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, gestionado por la empresa Transmilenio, por diferentes acontecimientos que han puesto en riesgo  la integridad y la vida de los usuarios que tienen este como único medio para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o residencia”.

También lamenta que el Estado no haya adoptado aún “medidas vigorosas” para proteger a los colombianos de los peligros para la salud y la vida que suponen el uso industrial de materiales como el asbesto o el mercurio, por lo que reafirmó que apoya el proyecto de ley de prohibición de todo uso industrial del asbesto y la importación de productos con ese material y ha hecho un llamado para que se ratifique por parte de Colombia el Convenio de Minamata sobre el mercurio.

Otro de los sectores empresariales que relaciona el organismo encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia es de la construcción, y menciona puntualmente a la Constructora Quiroz, responsable del edificio que se cayó en Cartagena y de otros más que están en riesgo.

“[Constructora Quiroz] Parece haber inobservado el deber de actuar con debida diligencia en la construcción de edificaciones en Cartagena de Indias, sometiendo a los propietarios y residentes a situaciones que arriesgan su vida e integridad, y privándolos del derecho a la vivienda”, dice la Defensoría.

Y agrega: “Por estos motivos, entre muchos otros, es urgente que el Gobierno nacional y los gobiernos locales avancen en la adopción de acciones o medidas concretas, medibles y efectivas en materia de empresas y derechos humanos y los empresarios en la ejecución de una debida diligencia corporativa en este sentido”.