Petro reveló su terna para la Defensoría del Pueblo y es solo de mujeres, como en Fiscalía

El presidente Gustavo Petro presento ante la Cámara de Representantes, la terna para elegir al próximo encargado de la Defensoría del Pueblo. Esta compuesta por solo mujeres.

(Lea también: Gobierno Petro enfrenta “crisis de las expectativas”, aún con medio camino por recorrer)

Dora Lucy Arias Giraldo y Jomary Ortegón Osorio forman parte del Colectivo José Alvear Restrepo; Iris Marín Ortiz, es magistrada auxiliar de la corte constitucional. Entre las tres está el reemplazo de Carlos Camargo, quien renunció al cargo en mayo.

El miércoles 14 de agosto, las candidatas se presentarán ante la Cámara de Representantes para una audiencia donde se evaluarán sus hojas de vida y propuestas para la Defensoría del Pueblo. La elección se llevará a cabo el viernes 16 de agosto.

Estos son los perfiles de las candidatas a dirigir la Defensoría del Pueblo

Dora Lucy Arias Giraldo

Abogada, experta en Utilidad Pública, Dora Lucy Arias Giraldo ha trabajado durante más de 20 años en litigio, investigación, pedagogía y fortalecimiento organizativo acompañando a organizaciones populares, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia y América Latina para la defensa territorial y de derechos humanos frente abusos de poder estatales y de grandes poderes económicos.

(Lea también: Grata noticia para quienes intentan sacar cédula digital; estos grupos podrán hacerlo grátis)

La abogada Dora Lucy Arias, hace parte del Colectivo José Alvear Restrepo CAJAR,  ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos de comunidades afectadas por mega proyectos extractivos mineros en Colombia y Latinoamérica. A través de trabajo de documentación, investigación y litigio, su objetivo es que “las comunidades afectadas por conflictos ambientales puedan permanecer en su territorio con plena realización de sus derechos”.

Iris Marín Ortiz

Iris Marín Ortiz, es magistrada auxiliar de la corte constitucional, trabaja con la magistrada Natalia Ángel Cabo. Abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del -Rosario, Con una maestria en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Constitucionalista, defensora de derechos humanos. Paz, derechos de las víctimas y justicia transicional.

Cuenta con 25 años de experiencia. He sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y trabajado en organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en cargos directivos del Gobierno para la implementación de la Ley de Víctimas, asesora en hallazgos y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, asesora del equipo de Gobierno en la negociación de Paz con las Farc-EP.

(Vea también: Alertan problemón con EPS intervenidas, que afectaría atención a millones de colombianos)

Consultora de organismos del Estado y de Naciones Unidas en derechos de las víctimas y justicia transicional en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México.

Profesora en derechos humanos, derecho constitucional, igualdad de género, derechos de las víctimas y justicia transicional.

Jomary Ortegón Osorio

Jomary Ortegón Osorio, vice Presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Abogada de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en derecho constitucional y Especialista en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en derecho penal de la Universidad Libre.

Defensora de derechos humanos, desde hace 20 años acompaña labores de litigio a nivel de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en representación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, en la Comisión Interamericana ha litigado alrededor de 30 casos de violaciones a derechos humanos en casos de pueblos indígenas, niños y niñas, defensores de derechos humanos, campesinos, en los cuales se han obtenido sentencias contra el Estado colombiano y en favor de los derechos de las víctimas en casos como el Palacio de Justicia (2014), Masacre de Santo Domingo (2013), Manuel Cepeda Vargas (2010), Masacre de la Rochela (2008), Masacre de Mapiripán (2005).

También acompaña permanentemente la solicitud y el seguimiento a medidas de protección internacional en favor de líderes y lideresas en situación de riesgo incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y pueblos indígenas.