Conductores tendrán nuevo ajuste: Gobierno meterá mano en los pagos para el Soat

El Ministerio de Salud propone cambios en seguro obligatorio que modificarían auditorías, pagos y trámites por accidentes de tránsito; ¿cómo son los ajustes?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un nuevo ajuste al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), uno de los mecanismos clave de protección social en Colombia para atender a las víctimas de siniestros viales.

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El Ministerio de Salud publicó el pasado 13 de marzo un proyecto de decreto que plantea cambios en la forma en que se auditan, facturan y pagan las atenciones médicas derivadas de accidentes de tránsito.

El Soat es obligatorio para todos los vehículos que circulan en el país y garantiza la atención médica inmediata de las víctimas de accidentes, cubriendo gastos hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos e indemnizaciones por incapacidad o muerte.

Según la normativa vigente, este seguro tiene una función social porque busca asegurar “la atención médica oportuna y el cubrimiento de los gastos médicos a las víctimas involucradas en accidentes de tránsito”, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.

La reforma propuesta llega en medio de fuertes presiones sobre el sistema. Al cierre de 2025, Colombia tenía más de 21,3 millones de vehículos activos, de los cuales cerca del 47 % circulaban sin Soat vigente, es decir, alrededor de 9,8 millones de automotores, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

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En paralelo, el sistema continúa desembolsando cuantiosos recursos para atender a víctimas de accidentes. Solo entre enero y julio de 2025, las aseguradoras del Soat pagaron 1,5 billones de pesos para atender a más de 421.000 personas lesionadas en siniestros viales, recursos que en su mayoría terminan en clínicas y hospitales.

En ese contexto, el Gobierno busca modificar varios artículos del Decreto 780 de 2016, la norma que regula el sector salud, para ajustar los procesos administrativos que soportan el funcionamiento del seguro.

El cambio más relevante del proyecto es la creación de una única auditoría para las reclamaciones relacionadas con pólizas Soat con tarifa diferencial.

Actualmente, las clínicas y hospitales pueden enfrentar dos procesos de revisión para recibir el pago por las atenciones: uno por parte de la aseguradora que emitió la póliza y otro por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Según el documento, esta duplicidad ha generado demoras y conflictos administrativos que afectan el flujo de recursos hacia las IPS.

Por ello, el proyecto plantea que “las compañías aseguradoras y la ADRES deberán adelantar una sola auditoría por estos conceptos, según el caso que corresponda”.

La medida busca reducir trámites y acelerar el reconocimiento de los pagos por servicios de salud derivados de accidentes de tránsito.

El proyecto también redefine la forma en que las instituciones prestadoras de servicios de salud deben presentar las reclamaciones.

En los casos en los que la atención médica no supere los montos cubiertos por la póliza Soat con tarifa diferencial, el hospital o clínica deberá presentar la reclamación directamente ante la aseguradora que expidió el seguro.

El decreto precisa que “en los accidentes de tránsito en los cuales la atención de un mismo evento no supere las cuantías del Soat tarifa diferencial, deberá radicar la reclamación directamente a la compañía aseguradora”.

En cambio, cuando los costos médicos superen ese límite, el prestador deberá presentar la reclamación ante la Adres.

En ese escenario, la entidad estatal auditaría la cuenta y pagaría la totalidad del valor reconocido a la IPS, para luego recobrar a la aseguradora la parte correspondiente de la cobertura.

El texto del decreto señala que “la Adres una vez auditada la cuenta y establecido el valor definitivo de pago, procederá a pagar la totalidad de la misma a la IPS y recobrará a la aseguradora Soat los valores de la cuantía a su cargo”.

El proyecto también introduce ajustes operativos para mejorar la coordinación entre entidades del sistema de salud.

Por ejemplo, establece que las secretarías de salud departamentales o distritales coordinen la red de hospitales para garantizar la atención integral de las víctimas cuando sea necesario realizar traslados entre instituciones.

El texto establece que estas autoridades “serán las encargadas de coordinar la red de instituciones prestadoras de servicios de salud para la referencia y contrarreferencia que sean necesarias para complementar la atención de la víctima”.

Además, la información de las reclamaciones deberá registrarse en el Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Siras), lo que permitirá identificar qué entidad está auditando cada caso y evitar duplicidad de trámites.

El decreto también modifica los requisitos documentales para reclamar pagos por servicios médicos o indemnizaciones.

Entre los documentos exigidos para solicitar el pago de servicios de salud estarán:

• Formulario oficial de reclamación adoptado por la Adres.
• Factura original del prestador de servicios de salud.
• Epicrisis o resumen clínico de atención.
• Documentos que soporten la historia clínica.

En el caso de indemnizaciones por incapacidad permanente o por muerte, también se exigirán dictámenes de pérdida de capacidad laboral, certificados de defunción y documentos que acrediten la relación de los beneficiarios con la víctima.

Las modificaciones propuestas se conectan con decisiones recientes del Gobierno sobre el seguro.

En 2022 se introdujeron tarifas diferenciales para algunos vehículos —principalmente motocicletas y transporte público— con descuentos cercanos al 50%, una medida diseñada para reducir la evasión del seguro en segmentos de menores ingresos.

Aunque esa política logró aumentar la expedición de pólizas en ciertos grupos, también generó nuevos retos administrativos y financieros para el sistema, especialmente en la gestión de reclamaciones entre aseguradoras y la ADRES.

El proyecto de decreto fue publicado por el Ministerio de Salud para recibir comentarios hasta el próximo 30 de marzo, antes de su eventual expedición.

Vea aquí el proyecto de decreto completo del Gobierno Petro sobre los cambios en el Soat.