Oscuro detalle de nuevo supertransporte nombrado por Petro: ha tenido vínculos cuestionables

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Escrito por:  Redacción Nación
Actualizado: 2025-04-10 09:52:27

El ingeniero Alfredo Enrique Piñeres es el nuevo superintendente de Transporte, causando controversia debido a sus vínculos con un empresario en particular.

Uno de los señalamientos más delicados yace de sus vínculos con empresas relacionadas con Euclides Torres, un poderoso empresario del sector de tránsito, detalló Cambio.

Piñeres ha trabajado en Catapest, una empresa que maneja múltiples concesiones de tránsito en departamentos como Cesar, Atlántico y Huila, y que hace parte de la red empresarial de Torres.

(Vea tambiénGustavo Petro lanzó advertencia como presidente de la Celac: “Serán meses de tormenta”).

Esta red ha crecido a través de concesiones público-privadas y regulaciones promovidas en el Congreso, logrando lucrativos negocios como el sistema Sicov para trámites vehiculares, añadió La Silla Vacía.

Además, se le vincula a contratos de alumbrado público y transición energética por más de 180.000 millones de pesos durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Euclides Torres ha sido señalado de financiar la campaña presidencial de Petro, información que fue confirmada por Nicolás Petro en una declaración ante la Fiscalía.

La relación de Torres con figuras políticas clave, como el ministro del Interior Armando Benedetti, refuerza su influencia. Benedetti incluso ha nombrado a un excolaborador de Torres como viceministro.

El nombramiento de Piñeres, quien omitió en su hoja de vida parte de su experiencia en estas concesiones, plantea preocupaciones sobre la independencia y transparencia en la Superintendencia de Transporte.

Qué hace el superintendente de Transporte en Colombia

El Superintendente de Transporte en Colombia es el funcionario encargado de liderar la Superintendencia de Transporte, una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Transporte. Su función principal es ejercer vigilancia, inspección y control sobre las empresas y actores del sector transporte, tanto públicos como privados, con el fin de garantizar que se cumplan las normas, se preste un servicio eficiente, seguro y de calidad, y se protejan los derechos de los usuarios.

Esta entidad también tiene la responsabilidad de prevenir prácticas abusivas o ilegales en la prestación de los servicios de transporte terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo, además de intervenir cuando se presentan fallas graves que pongan en riesgo la prestación del servicio o el bienestar de los ciudadanos.

El Superintendente tiene además la facultad de imponer sanciones a quienes infrinjan las leyes del sector, lo que lo convierte en una figura de autoridad clave para mantener el orden y la legalidad en un ámbito que involucra millones de colombianos cada día.

Desde la regulación del transporte intermunicipal hasta la supervisión de terminales, concesiones de tránsito y empresas de carga, su papel es fundamental para garantizar que las reglas del juego se cumplan. Esto cobra especial relevancia en un país donde el transporte es vital para el comercio, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico de las regiones.

La importancia del cargo también radica en su capacidad para intervenir en los contratos y concesiones público-privadas del sector, muchos de los cuales manejan grandes sumas de dinero y tienen implicaciones a largo plazo para la infraestructura y la operación del transporte en Colombia. De esta manera, el Superintendente no solo supervisa lo que ocurre en el presente, sino que también influye en las decisiones estratégicas que afectarán el futuro del transporte en el país.

Qué debe tener el supertransporte en Colombia

Un funcionario en esta posición debe tener independencia, integridad y conocimiento técnico, ya que cualquier conflicto de intereses o decisiones motivadas por presiones políticas o económicas pueden tener consecuencias negativas para los usuarios y la institucionalidad.

En resumen, el Superintendente de Transporte es una figura clave para asegurar el buen funcionamiento del sistema de transporte colombiano, proteger a los ciudadanos, garantizar la legalidad en los negocios del sector, y promover una movilidad más ordenada y equitativa. Por ello, su nombramiento debe ser transparente y libre de intereses privados o políticos que puedan comprometer la confianza pública en esta importante institución.

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