Salen a la luz audios sobre supuesto pacto de Gobierno Petro con peligrosos criminales

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Una conversación entre funcionarios de inteligencia y hombre cercano a estructuras criminales puso sobre la mesa la posibilidad de entregar bienes de la SAE.

Una grabación de una reunión realizada en julio de 2025 entre funcionarios de inteligencia y Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘Narcochofer’, abrió nuevos interrogantes sobre un supuesto intercambio entre información entregada por integrantes de organizaciones criminales y beneficios relacionados con bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Según la investigación publicada por Semana, en el encuentro participaron Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Gustavo Arias, quien estaba al frente de la Contrainteligencia; un analista de esa entidad y Castañeda. Durante la conversación se habló de información que supuestamente podían entregar dos hombres vinculados al Clan del Golfo, identificados como alias Falcon y Fortuna.

¿Qué se habría pactado a cambio de información?

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, los criminales buscaban obtener condiciones favorables en Colombia a cambio de suministrar información de inteligencia. Entre las solicitudes mencionadas apareció la posibilidad de acceder a bienes administrados por la SAE.

Castañeda sostuvo que la idea consistía en entregar información de manera progresiva y que, a cambio, se les facilitaría la administración de alguno de esos predios mediante un tercero. En la conversación también se mencionó la situación jurídica de Falcon y Fortuna, quienes buscaban regresar al país después de cumplir sus procesos en Estados Unidos.

El entonces director de la DNI, Jorge Lemus, aparece en la grabación conversando sobre la posibilidad de gestionar esos beneficios. Sin embargo, posteriormente explicó a Semana que este tipo de ofrecimientos se utilizaban como una forma de incentivar la entrega de información y que ningún predio llegó a ser entregado.

“Yo le planteé al doctor Augusto: ‘Doctor, ellos van a mostrar un grano de fe’, que era lo que el doctor Augusto había pedido; según él, el presidente ya tenía conocimiento de estos temas”, relató Castañeda, según la revista.

También se mencionaron posibles atentados

Durante el encuentro, Castañeda afirmó tener información sobre posibles ataques contra integrantes del Gobierno y aseguró que parte de esos datos ya habían sido compartidos con funcionarios de diferentes entidades.

Según su relato, una de las informaciones permitió ubicar armamento en Puerto Boyacá, mientras que también habló de supuestos planes contra el presidente Gustavo Petro y la entonces vicepresidenta Francia Márquez. Estos señalamientos corresponden a lo expuesto por Castañeda durante la reunión y deben ser diferenciados de hechos posteriormente corroborados por las autoridades.

El exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, negó haber establecido el supuesto acuerdo descrito por Castañeda. No obstante, reconoció que se reunió con él para recibir información sobre un posible atentado contra Petro y que uno de los datos entregados permitió ubicar armamento en Puerto Boyacá.

¿Qué dijeron los funcionarios mencionados?

Además de Lemus y Rodríguez, el general en retiro Luis Emilio Cardozo confirmó que tuvo contacto con Castañeda por intermediación del entonces secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Según Cardozo, recibió información sobre una posible amenaza contra el presidente y la remitió para su verificación, proceso que terminó con el hallazgo de una caleta con un fusil en Santa Marta.

Idárraga también reconoció haber recibido información de Castañeda relacionada con una supuesta amenaza contra Petro. Según su versión, la fuente condicionaba la entrega de datos a un cambio en la administración de un predio de la SAE que había sido incautado a un criminal. El asunto, explicó, fue comunicado al presidente y posteriormente se coordinó la recepción de la información y la verificación del riesgo.

La revelación de los audios deja así dos elementos que deberán ser esclarecidos: por un lado, la existencia de conversaciones sobre posibles beneficios relacionados con bienes de la SAE y, por otro, si esas conversaciones llegaron a constituir un acuerdo efectivo o si se quedaron únicamente en ofrecimientos que, según Lemus, nunca llegaron a concretarse.