Escala supuesto escándalo de Fiscalía sobre 'primera línea'; revelan documentos y chats
Una investigación periodística sacó a la luz actas, conversaciones internas y un inventario de expedientes que ampliarían el alcance de la polémica.
El supuesto favorecimiento por parte de la Fiscalía de 11 integrantes de la primera línea procesados en Bogotá por hechos violentos durante las protestas sociales podría ser solo una parte de una estrategia mucho más amplia dentro del ente acusador.
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Una serie de documentos conocidos por Semana apuntaría a un plan para revisar procesos judiciales en distintas regiones del país y buscar alternativas que podrían traducirse en beneficios para los investigados.
La investigación periodística señala que la iniciativa no estaría limitada a quienes protagonizaron los acuerdos que desataron la polémica en la capital. Actas de reuniones, conversaciones entre funcionarios e informes internos darían cuenta de un inventario nacional de expedientes que podrían pasar a un grupo especial creado en la Dirección de Justicia Restaurativa.
“Este grupo se crea con la intención de cumplir compromisos políticos, por eso se hace a través de la Unidad de los Delegados ante la Corte Suprema y el grupo de justicia restaurativa, porque si sale algún escándalo, no se vincula con el despacho de la fiscal general”, se lee el los chats que publicó Semana.
Uno de los elementos más delicados revelados por Semana está en las conversaciones atribuidas a funcionarios de la entidad. En uno de los chats citados por el medio se plantea que el grupo habría sido creado para cumplir compromisos políticos y evitar que un eventual escándalo salpicara directamente al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
En esos registros aparecen investigaciones por delitos de distinta gravedad, entre ellos terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio, tortura, secuestro simple, desaparición forzada, rebelión, sedición y violencia contra servidor público. También figuran casos relacionados con ataques a integrantes de la fuerza pública, destrucción de medios de transporte y elaboración de artefactos explosivos.
La publicación también recoge la declaración de una fuente de la Fiscalía cuya identidad fue reservada. Según esa persona, la intención sería “pagar favores políticos” y garantizar beneficios judiciales, entre ellos la posibilidad de que algunos procesados salgan de prisión o reciban condenas considerablemente menores.
El caso de los 11 procesados habría servido como punto de partida
Los documentos reseñados por Semana ubican una reunión clave el 23 de junio de 2026. El encuentro, que duró cerca de media hora y se desarrolló de manera presencial y virtual, tenía como propósito avanzar en la elaboración de un inventario nacional de procesos que podrían ser revisados por el Grupo de Tareas Especiales.
En el acta se presenta esa instancia como una respuesta estratégica frente al escenario político y social posterior a las elecciones. El documento señala que el grupo no sería simplemente una unidad de justicia alternativa, sino una estructura para abordar determinados procesos penales con un enfoque constitucional y humano.
“No es una unidad de justicia alternativa, sino una unidad que replantea el sistema penal acusatorio con enfoque constitucional y humano. Presentó el Grupo de Tareas Especiales como una respuesta estratégica a la preocupación de la fiscal general ante el escenario poselectoral polarizado”, señalan los documentos.
Entre las alternativas contempladas aparecen la revisión de las medidas de aseguramiento, los preacuerdos, los principios de oportunidad y los incidentes de reparación. El texto habla de un “uso proporcional de medidas de aseguramiento”, una fórmula que, en la práctica, abriría la puerta a estudiar las condiciones judiciales de los procesados incluidos en el inventario.
La investigación sostiene que el expediente de los 11 integrantes de primera línea en Bogotá habría funcionado como una prueba inicial de esa estrategia. En el acta, ese proceso aparece descrito como el “piloto” del plan, luego de que fuera trasladado a un grupo especial y terminara con acuerdos que contemplaban rebajas de pena para los investigados.
El inventario incluye 81 procesos y más de 159 personas
Uno de los datos centrales de los documentos es la dimensión del listado. Según Semana, el informe entregado a los participantes de la reunión del 23 de junio identificó 81 procesos judiciales que podrían llegar al Grupo de Tareas Especiales. En esos expedientes habría más de 159 personas vinculadas.
Los casos están distribuidos en diferentes zonas del país. Cali concentra la mayor cantidad, seguida por Bogotá y Medellín, de acuerdo con el inventario conocido por el medio. El documento los describe como procesos “potencialmente asociados al ámbito del Grupo Especial de Trabajo”, por lo que podrían ser considerados dentro de la estrategia de revisión.
La lista incluye investigaciones por hechos que van desde ataques durante jornadas de protesta hasta conductas de mayor gravedad, como secuestro, tortura, desaparición forzada y terrorismo. El informe también contempla expedientes por agresiones contra la fuerza pública y daños a sistemas de transporte.
La coordinación de las tareas quedó en manos de la fiscal Zenaida de Jesús López, según el acta citada por Semana. Entre los compromisos establecidos estaba conformar un comité técnico jurídico para examinar los expedientes y completar el inventario de casos en el territorio nacional.
Otro punto que llama la atención es la premura que aparece en los documentos. La reunión planteó la necesidad de avanzar con rapidez en la selección de los procesos, incluso antes de la primera vuelta presidencial de 2026, debido al escenario electoral y a la posibilidad de disturbios posteriores a los comicios.
Funcionarios habrían expresado reparos frente a la estrategia
La investigación también recoge que no todos los funcionarios de la Fiscalía habrían estado de acuerdo con la propuesta. Según el medio, algunos plantearon objeciones frente a los beneficios que se buscaban para personas procesadas por hechos violentos durante las protestas.
Semana asegura que quienes presentaron reparos terminaron por fuera de la entidad. La publicación relaciona esas salidas con las controversias alrededor del caso de los 11 procesados en Bogotá y con las decisiones que permitieron trasladar ese expediente a la estructura de Justicia Restaurativa.
Por ahora, los documentos y testimonios divulgados por el medio constituyen señalamientos sobre el alcance y los posibles propósitos de la estrategia. La eventual inclusión de un proceso en el inventario no significa, por sí sola, que sus investigados hayan recibido beneficios ni que exista una decisión judicial definitiva sobre cada caso.
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