Defensores públicos retoman actividades tras crisis de pagos: así va el desembolso y el pulso por recursos

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la decisión de los defensores públicos de suspender sus actividades en todo el país, una reacción a los retrasos en los pagos y a una crisis presupuestal que, según los afectados, los dejó en una situación financiera delicada pese al papel esencial que desempeñan en el sistema judicial colombiano. Según se anunció en la cuenta oficial en X de la Defensoría, la institución recibió el Plan Anual Mensualizado (PAC) para diciembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este trámite, que estaba pendiente, resultaba fundamental para poder proceder con los desembolsos atrasados a contratistas y defensores públicos afectados.

Con la llegada del PAC, la Defensoría informó que se inició el proceso de pago de las obligaciones pendientes. La entidad detalló que los pagos debían verse reflejados a lo largo de la semana, una noticia especialmente esperada por quienes habían sido impactados por la demora. “Informamos que hemos recibido el Plan Anual Mensualizado (PAC) pendiente de diciembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto nos permitió el pago pendiente a nuestros contratistas, incluyendo a defensoras y defensores públicos. Esperamos que los pagos se vean reflejados en el transcurso de la semana”, indicó la Defensoría en su comunicado oficial en X.

El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) ya había advertido sobre el origen de la crisis, señalando que los retrasos del Ministerio de Hacienda persistían pese a las numerosas solicitudes para agilizar los trámites administrativos. En su comunicado más reciente, Sinecodep resaltó que más de 4.200 defensores públicos y contratistas permanecían sin recibir el pago de sus honorarios, lo que motivó un cese de actividades de alcance nacional, iniciado el martes 20 de enero y acompañado de movilizaciones especialmente notorias en Bogotá.

La recepción del PAC permitió que la Defensoría expresara su confianza en que los pagos contribuyan a normalizar de manera gradual la prestación de servicios y a atender las obligaciones pendientes con la planta de personal afectada.

El respaldo al trabajo de los defensores públicos también llegó desde los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. En un pronunciamiento, los jueces reiteraron la importancia fundamental de estos profesionales en el funcionamiento del sistema penal, señalando que no se puede discutir sobre derechos y justicia mientras no se garantice un entorno laboral digno para quienes ejercen la defensa pública.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en diferentes entrevistas sostuvo posiciones críticas frente al manejo presupuestal del Ministerio de Hacienda. Marín señaló que la Defensoría opera con recursos cada vez más restringidos y que, incluso, parte del presupuesto que corresponde a 2026 será descontado para cubrir salarios de 2025. Comentó además que la determinación del Congreso de disputar un presupuesto reducido a la Defensoría en 2026 resulta cuanto menos desconcertante, cuestionando qué lugar ocupa realmente la defensa de los derechos humanos en las prioridades nacionales.

Mientras el debate sobre la financiación adecuada de la Defensoría del Pueblo continúa, miles de contratistas esperan que se hagan efectivos los pagos demorados y que su trabajo —imprescindible para el acceso a la justicia— sea reconocido mediante condiciones laborales estables.

¿Qué es el Plan Anual Mensualizado (PAC) y por qué es crucial para entidades públicas como la Defensoría del Pueblo?

El Plan Anual Mensualizado (PAC) es un instrumento administrativo que organiza la programación y disponibilidad de recursos financieros a lo largo de un año fiscal. En el caso específico de la Defensoría del Pueblo, recibir el PAC resulta imprescindible porque es la vía por la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público libera los fondos necesarios para que la entidad cumpla con sus compromisos, incluyendo los pagos a contratistas y defensores públicos.

La importancia del PAC radica en que, sin su aprobación y remisión, las entidades públicas pueden entrar en dificultades operacionales serias, como ocurrió en este caso. La ausencia del PAC, pese a reiteradas solicitudes de la Defensoría, fue determinante en la crisis de pagos que terminó perjudicando a más de 4.200 trabajadores del sector, quienes dependen de estos desembolsos para recibir su remuneración y continuar con la prestación de servicios fundamentales para la ciudadanía.