Economía
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Néstor Humberto Martínez reapareció en la luz pública reclamándoles a los magistrados que negaron la extradición de ‘Jesús Santrich’ que abandonen sus cargos.
El exfuncionario, que justamente renunció cuando la justicia transicional tomó esa decisión en mayo pasado, habla de Ana Caterina Heyck, Claudia López Díaz y Adolfo Murillo Granados.
Sobre ellos, pronunció fuertes palabras y dijo, citado por W Radio, que “si tienen dignidad”, “deberían presentar renuncia inmediata” y “darle la oportunidad al país de reintegrar esa sala para que vuelva a existir confianza en esa justicia”.
Martínez los calificó como los “verdaderos enemigos de la paz” por tomar decisiones que él considera erradas, y añadió:
“Si lo que querían era humillar a la Fiscalía, humillaron a Colombia. […] Hoy ‘Santrich’ está libre por sus decisiones y está vistiendo uniforme militar y empuñando un arma contra el Estado colombiano”.
Además, sacó pecho por sus investigaciones que llevaron a la captura en primer lugar del exjefe guerrillero porque, para él, era claro que los delitos que le imputaban eran posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, pero los “únicos que no vieron eso” fueron los magistrados.
El cuestionado exfiscal también consideró que ahora es “lánguido y tardío pedir que los expulsen” y que la JEP le diga al ente acusador que expida las órdenes de captura “cuando ellos no cumplieron con los que les correspondía”.
Martínez enfatizó en que cree “que lo mejor es el silencio de esa jurisdicción” porque ‘Santrich’ sigue siendo aforado y el proceso de solicitud de captura le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
El también exministro indicó, según El Tiempo, que debe haber una reunión urgente de seguridad porque este grupo al margen de la ley no podría ser atacado aún por las Fuerzas Militares:
“Es muy importante que el Consejo de Seguridad Nacional se reúna de inmediato porque al surgir un nuevo grupo armado organizado, que no ha sido calificado como tal por ese consejo, es imposible que se le apliquen las normas especiales de la fuerza letal del Estado al amparo de las reglas del Derecho Internacional Humanitario”.
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