Secuestro de militares en Guaviare pondría en jaque los diálogos con las disidencias Farc

Por más de 80 horas estuvieron retenidos 66 militares en zona rural de San José del Guaviare. Los uniformados estaban rodeados por cientos de campesinos desde la mañana del 9 de agosto.

(Lea también: Cuatro personas murieron en grave accidente en vía del Tolima, según el último reporte)

Esta situación derivó en un cruce de versiones entre funcionarios del Gobierno y puso en jaque, otra vez, la mesa de diálogos con los disidentes de las FARC.

La liberación de los soldados de la Fuerza de Tarea Omega fue transmitida en vivo por el Facebook de la Guardia Ambiental Campesina.

Desde una carpa improvisada la Guardia anunció su retiro de la zona y así pusieron fin a lo que ellos denominaron como un “cerco humanitario”.

Mientras que los soldados fueron acompañados a evacuar por una misión humanitaria conformada por la ONU, la MAPP OEA, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Defensoría del Pueblo.

En el Guaviare comunidades piden no ser señaladas de secuestrar

La comunidad campesina, por su parte, reivindicó su accionar y aseguró que en la zona son constantes los atropellos por parte de los distintos grupos armados legales e ilegales y que, por esa razón, habían decidido impedir la movilidad de la fuerza oficial.

“Nos señalaron de pertenecer al Bloque Jorge Briceño de las disidencias de las Farc. Esa estigmatización generó una tensión en el espacio y supone un riesgo para los campesinos que estamos aquí. Lo rechazamos, pero también analizamos que, para evitar cualquier tipo de confrontación, lo más objetivo era retirarnos y manifestar nuestra inconformidad en otros escenarios”, le dijo a EL COLOMBIANO Gabriel Gutiérrez, vocero político de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas).

Los campesinos le insistieron a esta redacción que nada tienen que ver con los grupos armados ilegales y adelantaron que en los próximos días se movilizarán hacia el casco urbano de San José del Guaviaro para dar inicio a un paro campesino.

“No queremos más guerra. Esta fue una forma de protegernos, pero también de protegerlos a ellos frente a alguna situación que pueda terminar en combate. Somos hombres y mujeres de paz que siempre agotarán la vía del diálogo”, añadió Gutiérrez.

La Guardia Campesina solicitó que se fortalezca el mecanismo de monitoreo al cese al fuego bilateral con el bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias del Estado Mayor, que sea incluidos en la mesa de diálogos y que el Gobierno Nacional envíe inversión para la implementación de proyectos productivos en la zona.

“Muchos dirán que esta comunidad es guerrillera, pero ese no puede ser el señalamiento desde un escritorio. (…) El Gobierno Nacional debe hacer presencia –no solo con Fuerza Pública– porque hoy requerimos que nos acompañen en la construcción de vías, en proyectos productivos. Así el país no lo sepa, nuestra región ha cambiado y ahora nuestra riqueza es la ambiental, el turismo y la ganadería”, señaló Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare al momento de la liberación de los soldados.

Ministro del Interior dice que fue una violación al cese al fuego

Pese a las declaraciones enviadas desde la región, en el Gobierno Nacional continuó el corto circuito por la aparente participación de las disidencias en el denominado cerco humanitario a los militares.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, se sumó a las declaraciones del MinDefensa y afirmó que la retención de los soldados fue una clara violación al cese al fuego bilateral.

“Hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región”, afirmó el ministro Cristo.

En el tintero está el desgaste que genera negociar con un grupo armado ilegal que ha puesto en aprietos, en más de una ocasión, la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

Desde marzo pasado el Gobierno Nacional tiene focalizada su ofensiva militar contra los disidentes comandados por Iván Mordisco y que operan, principalmente, en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

La estrategia del Gobierno parece ser la de evitar que prolifere la confrontación en otras regiones del país y se ha mantenido en la mesa con la facción disidente dominda por Calarcá: que opera en las zonas de Putumayo, Catatumbo, Caquetá, Magdalena Medio, Bolívar y el Norte de Antioquia.

Pero contra esos ilegales pesan reiteradas denuncias de incumplimientos al cese al fuego bilateral.

Sin embargo, el cese al fuego con el ELN se encuentra vencido desde la media noche del pasado 3 de agosto. De momento no hay asomo de una prórroga.