Fin a los bloqueos: Gobierno De la Espriella detalla reglas del nuevo decreto para la protesta social

La discusión sobre los límites, las garantías y los excesos en las movilizaciones ciudadanas está a punto de dar un giro definitivo en el país. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que se encuentra completamente estructurado el polémico decreto que reglamenta la protesta social, un documento estratégico que pasará a manos del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para su firma definitiva. Con esta normativa, el Ejecutivo busca trazar una línea roja entre el derecho constitucional a la manifestación pacífica y las vías de hecho que afectan la movilidad y la seguridad de los colombianos.

Durante el anuncio oficial, el jefe de la cartera política fue enfático al señalar que la administración actual cumple con lo prometido. “En este Gobierno, lo que se dice se hace. En el Ministerio del Interior trabajamos, no perdemos el tiempo”, aseguró Lara, al tiempo que detalló los pilares fundamentales sobre los cuales se edificó la nueva regulación. Según el ministro, el decreto se sostiene sobre tres principios cardinales: definir con precisión milimétrica cuándo una manifestación deja de ser pacífica y cruza la línea de la violencia; establecer que el diálogo constituye la regla general pero fijando causales estrictas para su agotamiento; y ordenar cinco niveles claros de reacción institucional para que la Fuerza Pública controle los desmanes.

En este Gobierno, lo que se dice se hace. En @MinInterior trabajamos, no perdemos el tiempo.

Mañana pasa a firma del Presidente @ABDELAESPRIELLA el nuevo decreto de protesta social. Un decreto complejo, que muchos daban por irreformable.

Tres principios. Tres reformas:

— Se define qué es protesta violenta.
—El diálogo es la regla. Se establecen causales claras para su agotamiento.
— Se fijan cinco niveles de reacción.

Dos reglas que no se negocian:

— Prima y se protege la protesta pacífica.
— Nacen los corredores solidarios: nunca más bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles de TransMilenio.

Vamos a proteger la protesta pacífica de los infiltrados y los violentos.

Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia.

#FirnesPorLaPatria 🇨🇴

@jrestrp

Consulte el texto aquí :
https://t.co/BxJqVqVG6q

Los invitó a ver este video explicativo. No se dejen meter cuentos de la oposición. Hágase una idea Ud mismo 👇

— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026

Asimismo, el Gobierno ratificó dos líneas rojas que no admiten negociación: la protección absoluta de la protesta pacífica y la implementación obligatoria de corredores solidarios que impidan de forma tajante el bloqueo de carreteras nacionales y carriles exclusivos del sistema Transmilenio. “Ni un derecho menos para la protesta pacífica. Ni un espacio más para la violencia”, sentenció el ministro, aclarando además que situaciones cotidianas como la incomodidad o los trancones viales no tipifican delitos, a diferencia de agredir a otros ciudadanos, portar armas, retener personas o impedir el paso de ambulancias.

El articulado contempla una directriz operativa clave: en aquellos escenarios donde los manifestantes incurran en el uso de armas de fuego, elementos cortopunzantes, artefactos incendiarios o explosivos, la obligatoriedad del diálogo se entenderá agotada de manera automática. Ante estas circunstancias, los uniformados de la Policía Nacional contarán con el respaldo legal para actuar sin dilaciones innecesarias, cumpliendo con el deber constitucional de contener conductas punibles, proteger la vida, preservar los bienes públicos y restablecer el orden de convivencia ciudadana con estricta sujeción al uso legítimo de la fuerza.

La iniciativa, como era de esperarse, ha despertado fuertes críticas y cuestionamientos por parte de los sectores de la oposición agrupados en el petrismo, que tachan la medida de restrictiva. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior se defendió la legalidad del proceso, asegurando que el proyecto surtió rigurosamente todas las consultas exigidas por la norma y busca blindar a los marchantes legítimos frente a la infiltración de vándalos. Con la firma presidencial prevista, el decreto se convertirá en una de las herramientas jurídicas más debatidas y determinantes del actual mandato.