Obras viales paralizadas en Caldas: denuncian demoras, sanciones millonarias y crisis en la movilidad regional

Cinco importantes proyectos viales heredados de la gestión del exgobernador Luis Carlos Velásquez permanecen completamente paralizados en el departamento de Caldas, algunos con un retraso que se aproxima a los dos años. Durante un reciente debate en la Asamblea Departamental, funcionarios y autoridades expusieron la gravedad de la situación y la urgencia de destrabar estos proyectos, mientras se consolidan procesos jurídicos por incumplimientos en dos de las obras, lo que subraya la magnitud de la crisis en la infraestructura regional de transporte, según la información recopilada por la fuente original.

Esta coyuntura no es ajena a la realidad del país, donde los procesos contractuales y las complejidades técnicas suelen ralentizar el avance de iniciativas clave para el desarrollo territorial. Expertos citados por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP) atribuyen los retrasos a falencias estructurales en la planeación y deficiencias en la gestión temprana de riesgos. Un caso emblemático es el tramo Supía-Caramanta, cuya suspensión indefinida responde a la necesidad de actualizar diseños de 2020, lo que implicó la solicitud de $28.400 millones adicionales al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) regional, esperando el aval indispensable de Antioquia, que funge como entidad estructuradora y financiadora.

Por otra parte, sectores como Riosucio - Jardín y Berlín - Florencia ilustran la aplicación de sanciones contractuales sin que ello haya acelerado la ejecución: el Consorcio Eleín-Samaná pagó $1.673 millones en multas, pero sólo ejecutó 2.7 km de los 10.2 km acordados, por lo que avanza un proceso judicial para declarar el incumplimiento total. La veeduría ciudadana insiste en la necesidad de agilizar la reasignación contractual y financiera, ya que estas carreteras resultan esenciales para garantizar la movilidad rural y potenciar el desarrollo económico local, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Mientras tanto, proyectos como La Pintada - Arma - Puente Bocas han logrado cierto avance a pesar de los altibajos: tras superar suspensiones motivadas por desabastecimiento de asfalto y la cesión de derechos a un nuevo consorcio, sólo resta finalizar 500 metros de mezcla asfáltica. Según la interventoría, esta obra representa la más estable dentro del conjunto de proyectos congelados.

No obstante, el panorama es desigual. El contrato de acceso a Gallinazo finalizó anticipadamente tras sanciones superiores a $268 millones por parte de la Gobernación, aunque persiste un desfase entre el reporte oficial de avance (93.87%) y el cálculo de las veedurías (menos del 75%). Esto ejemplifica una problemática frecuente en la obra pública colombiana, la divergencia entre cifras formales y control social, como lo señala la literatura especializada en periodismo de investigación recogida por la Global Investigative Journalism Network (GIJN).

En medio de estos obstáculos, la Gobernación adjudicó recientemente la pavimentación de la vía Ternium a la firma RyD S.A.S. por $3.090 millones, acompañada de un contrato de interventoría. Esta decisión muestra un esfuerzo para reactivar las obras, aunque persisten riesgos administrativos y técnicos a considerar, como advierten analistas y organizaciones de veeduría ciudadana citadas por la fuente original y la documentación de la Fundación Gabo.

La reiteración de suspensiones, multas y cesiones de contratos deja clara la urgencia de fortalecer los mecanismos de planeación, contratación y supervisión en Caldas. Para los expertos, apostar por una mayor transparencia y participación ciudadana representa la mejor garantía para proteger las inversiones públicas y lograr avances tangibles en materia de infraestructura, alineándose con las prácticas recomendadas por los principales referentes en periodismo y gestión administrativa. La prolongada parálisis de estos proyectos trasciende lo técnico y lo legal: es, ante todo, un desafío institucional que demanda cambios estructurales para consolidar el desarrollo regional en Caldas.

¿Por qué la actualización de estudios técnicos genera suspensiones prolongadas en obras públicas?

Las demoras relacionadas con la actualización de estudios técnicos, como la sucedida en la vía Supía-Caramanta, responden a la presencia de diseños obsoletos o carentes de información pertinente para las condiciones actuales de la obra. Según el CLIP, cuando los estudios son insuficientes, emergen inconsistencias que impiden la continuación de los trabajos hasta que se elaboren nuevos documentos técnicos y financieros, lo que implica la búsqueda de recursos públicos adicionales y una adherencia estricta a los protocolos del OCAD.

Estos procesos de revisión y financiación pueden convertirse en un cuello de botella administrativo, pues requieren la coordinación entre múltiples entidades y la aprobación de otros departamentos, como Antioquia en este caso. Además, la falta de estudios actualizados puede traducirse en mayores sobrecostos y riesgos de fallos estructurales, afectando no sólo los tiempos de ejecución, sino también la calidad final de los proyectos.

¿Cuál es el papel de las veedurías ciudadanas en el control de proyectos viales?

Las veedurías ciudadanas son mecanismos de control social avalados por la legislación colombiana, cuya función principal es vigilar y denunciar eventuales irregularidades en la ejecución de recursos públicos. En los proyectos viales detenidos en Caldas, su rol ha sido central para evidenciar la brecha entre los informes oficiales de avance y la realidad técnica en campo, tal como lo señala la literatura académica sobre gestión pública y periodismo de investigación.

A través de informes, audiencias y el seguimiento permanente, las veedurías aportan transparencia al proceso y presionan por la rendición de cuentas tanto en la contratación como en la ejecución. Su intervención puede acelerar la toma de decisiones gubernamentales y prevenir la repetición de demoras o sobrecostos, contribuyendo así a una mejor gobernanza de la infraestructura pública.