Gobierno anuncia protocolo para intervención de la fuerza pública en universidades y Defensoría del Pueblo pide garantizar autonomía

El reciente anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la implementación de un protocolo para regular el comportamiento de la fuerza pública en las universidades, cuando se presenten episodios de violencia y alteraciones graves del orden público, motivó una reacción inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo, que formuló varias advertencias. El organismo enfatizó especialmente la importancia de garantizar la autonomía universitaria ante cualquier intervención estatal. De acuerdo con la Defensoría, "resulta fundamental que cualquier medida que se adopte preserve simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas".

La Defensoría subrayó la necesidad de distinguir, en cualquier protocolo, entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones como violencia, flagrancia -es decir, cuando un delito ocurre en el momento- o alteraciones extraordinarias del orden público. Este tipo de diferenciaciones son, según la entidad, esenciales para definir tanto el protocolo que se prepara como la manera en que las autoridades deben actuar frente a las universidades.

Al explicar el alcance de la autonomía universitaria, la Defensoría aclaró que esta garantía permite a las universidades autodirigirse, proteger la libertad académica y mantenerse sin interferencias indebidas, como lo ha establecido la Corte Constitucional. Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que existen circunstancias excepcionales donde la fuerza pública puede intervenir incluso en el interior de una universidad, particularmente en casos de flagrancia, que no requieren en general la autorización previa de autoridades universitarias. Aun así, toda intervención debe estar respaldada por fundamentos jurídicos claros y respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

También recalcó que la protesta pacífica y las manifestaciones estudiantiles por sí solas no justifican la presencia de la fuerza pública en los campus, porque constituyen expresiones legítimas de derechos fundamentales. El riesgo de equiparar protesta con violencia puede conducir a intervenciones indiscriminadas, lo cual la Defensoría rechaza. Sostiene que el diálogo y la mediación deben ser prioritarios y que el uso de la fuerza, en caso de ser necesario, debe diferenciar claramente entre manifestantes pacíficos y quienes incurren en actos violentos.

Por último, la Defensoría destacó la importancia de la coordinación y el diálogo con las autoridades universitarias para salvaguardar tanto el funcionamiento de las instituciones de educación como los derechos de quienes hacen parte de la comunidad. El protocolo que expedirá el gobierno, concluye, debe ser producto de un proceso participativo que defina con claridad cuándo y cómo puede intervenir la fuerza pública, tal como lo ordena la Sentencia STC7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuáles son los límites de la autonomía universitaria según la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo señala que la autonomía universitaria es una garantía fundamental para que las universidades se autodirijan y preserven la libertad académica, pero reconoce que no es un derecho absoluto. Existen circunstancias excepcionales, como la flagrancia, en las que la fuerza pública puede intervenir sin necesidad de autorización previa, siempre bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo insiste en diferenciar entre protesta pacífica y actos violentos en universidades?

La entidad argumenta que equiparar protesta pacífica con violencia llevaría a respuestas estatales indiscriminadas que limitan derechos fundamentales de la comunidad universitaria. Insiste en que solo conductas violentas deben ser enfrentadas por las autoridades, mientras que el resto de manifestaciones y asambleas pacíficas constituyen expresiones legítimas que no justifican la intervención de la fuerza pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.