Delito que decidió la Fiscalía para soldados le costó que la acusaran de cómplice

Sucedió este viernes en medio de un plantón de un grupo de indígenas frente al monumento a los Héroes Caídos en Acción, cerca del Ministerio de Defensa.

La protesta se hizo en dicha plazoleta del occidente de Bogotá para rechazar la brutal violación de una niña de 12 años del pueblo Embera Chamí por parte de siete militares, que ya fueron enviados a la cárcel.

Varios de los asistentes al plantón, la mayoría mujeres jóvenes con niños cargados en su espalda y utilizando tapabocas, dijeron que estaban allí para rechazar la violación de la niña y pedir que a los culpables se les aplique la justicia.

Los indígenas izaron pancartas en las que se leía: “Fiscalía cómplice de violadores corruptos asesinos” y otras alusivas a jóvenes desaparecidos, campesinos asesinados y mujeres violadas.

La niña fue secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda por los uniformados del Batallón San Mateo, un hecho que fue repudiado unánimemente por la sociedad.

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, envió a prisión a los militares, medida que se aplicará en una guarnición militar que tenga las condiciones necesarias para ello. Hasta ese lugar también llegaron decenas de mujeres a protestar.

Simultáneamente, frente a la Fiscalía General, también en la capital, otro grupo de personas protestó por la misma razón:

La violación de la niña indígena provocó no solo el repudio unánime de la sociedad a los agresores, sino que también generó una polémica porque según abogados penalistas la acusación de la Fiscalía estuvo mal hecha porque no corresponde al delito que cometieron los militares.

Los reclutas fueron acusados del delito de acto sexual abusivo, pero los penalistas consideran que lo que debió imputarse era acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.

El director del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, explicó que ambos delitos tienen penas similares, alrededor de 30 años, pero su connotación es distinta porque el delito del que se les acusa supone el consentimiento de la víctima. “Lo que pasa es que la ley no le da ninguna validez a ese consentimiento y por eso se penaliza”, detalló.

Recalcó que “el problema no es la sanción, el problema es del mensaje y de la forma como se está revictimizando a una mujer” y añadió que la pena no será de 30 años, la máxima que estipulan las leyes, pues ninguno de los acusados tiene antecedentes penales, sino que será de “aproximadamente será de 19 años”.

A los mensajes se unió la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez: “Estoy totalmente en desacuerdo, aquí hay una violación, no se trata de un abuso no violento, tenemos que llamar a las cosas por su nombre”.

La Fiscalía dijo que los siete soldados acusados de violar a una niña indígena aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.