El tortuoso camino que le espera a De la Espriella para mandar a la cárcel a 'Timochenko'
El mandatario electo encendió el debate público al asegurar que trabajará para enviar a prisión al último comandante de la extinta guerrilla de las Farc.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, volvió a sacudir la opinión pública del país con una fuerte declaración de intenciones sobre el rumbo de la justicia en su próximo mandato. El reconocido abogado y futuro jefe de Estado manifestó abiertamente que una de sus prioridades será trabajar para que Rodrigo Londoño, el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc-EP y conocido históricamente como alias ‘Timochenko’, termine pagando una condena tras las rejas. Sin embargo, diversos analistas y expertos jurídicos ya le advirtieron que cumplir esta promesa de campaña será una tarea sumamente compleja.
En diálogo con la revista Semana, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó detalladamente por qué el nuevo mandatario tiene las manos atadas para tomar una decisión de este calibre por decreto o de manera directa. El experto recordó que Londoño se sometió legalmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este tribunal, nacido tras la firma del acuerdo de paz de 2016, es el encargado exclusivo de investigar y juzgar los peores crímenes del conflicto armado en Colombia, aplicando sanciones que, en su gran mayoría, tienen un carácter simbólico, restaurativo y no contemplan la cárcel ordinaria.
Para cambiar esta realidad, Herrera señaló que la única alternativa viable para el gobierno entrante es promover una profunda reforma a la justicia. La JEP no es una institución temporal cualquiera: fue adoptada mediante acto legislativo por el Congreso de la República, cuenta con el aval de la Corte Constitucional y hoy en día hace parte integral de la Constitución Política de Colombia.
Para poder tocar su estructura, el gobierno de De la Espriella tendría que superar tres obstáculos monumentales.
- Presentar una propuesta clara: diseñar un proyecto técnico y sólido para modificar las reglas de juego pactadas en el acuerdo de paz.
- onseguir las mayorías políticas: lograr que la iniciativa sume los votos necesarios y sea aprobada tras varios debates tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
- Superar el examen de la Corte: garantizar que los artículos aprobados resistan la rigurosa revisión constitucional del alto tribunal, que suele proteger el principio de confianza legítima y los acuerdos de Estado.
A pesar del optimismo de algunos sectores, el panorama político no parece soplar a favor del nuevo presidente. En el retrovisor del país está muy fresco el recuerdo de la estrategia implementada por el expresidente Iván Duque, quien intentó realizar objeciones y modificaciones de fondo a la ley estatutaria de la JEP y terminó derrotado en el Congreso al no consolidar las mayorías necesarias. Varios analistas políticos coinciden en que De la Espriella se enfrentará a un Congreso fragmentado donde tampoco contaría con los aliados suficientes para sacar adelante una reforma de tal envergadura.
Aun así, el presidente electo no oculta su profunda indignación frente a los beneficios judiciales de los que gozan los excombatientes de las Farc. Así lo dejó en claro en una reciente publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde arremetió con dureza contra los exjefes guerrilleros: “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación”. Con este panorama, el pulso entre el nuevo inquilino de la Casa de Nariño y la justicia transicional promete ser uno de los choques más intensos de los próximos años.
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