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Se trata de Luis Antonio Rhenals Otero, alcalde de Cereté, Córdoba, y Elvira Julia Mercado Acevedo, alcaldesa del municipio de Sucre, departamento de Sucre.
Ambos funcionarios públicos fueron cesados de sus funciones por un periodo de 3 meses considerando que podría haber reincidencia o entorpecimiento de las investigaciones.
En el caso de Rhenals, también terminó suspendido el Secretario de Desarrollo e Inclusión Social de Cereté, Juan Felipe Angulo Eljach, “por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $ 500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio por la emergencia de la COVID-19”, según la Procuraduría.
De momento se investiga “si se seleccionó la oferta más favorable para el municipio y si se habrían vulnerado los principios de la contratación estatal como la transparencia, selección objetiva, responsabilidad y libre concurrencia”, agregó el comunicado.
Por otro lado, el ente de control indicó que la alcaldesa Mercado participó en “una fiesta entre el 3 de mayo de 2020 hasta el amanecer del 4 de mayo, en la que al parecer participaron servidores de la alcaldía y del Hospital Santa Catalina”.
“Se investiga a la mandataria local por presunta inobservancia de las ordenes de distanciamiento social y del no uso de elementos de protección, y por al parecer propiciar la circulación de personas que acudieron a la celebración”, estableció el organismo.
El pasado 4 de mayo fue publicado en las redes sociales un video en el que aparece la alcaldesa de Sucre, municipio ubicado en un departamento caribeño del mismo nombre, bailando en una fiesta en la que había más de 15 personas y que ocurrió durante la cuarentena, que comenzó el 25 de marzo.
El pasado 24 de abril, la Procuraduría suspendió también de manera preventiva al gobernador del selvático departamento del Chocó, Ariel Palacios, por supuestas irregularidades en un contrato firmado durante la emergencia sanitaria del coronavirus.
Además, fue suspendido el alcalde del municipio de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero, por las presuntas irregularidades encontradas en un contrato de 369 millones de pesos (unos 95.000 dólares) para la provisión de kits de alimentos.
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