Gobernador se enredó hablando de ayudas y llamó la atención sobre contrato irregular

Luis Alberto Monsalvo hizo una rueda de prensa y terminó en problemas cuando intentó responder una pregunta sobre su gestión para atender la pandemia en Cesar.

Dicha conversación con los medios del departamento se dio este lunes y comenzó con una lectura que el mandatario hizo de un documento con el que quiso dejar claro que su gobernación estaba administrando las ayudas con transparencia.

Incluso, muy enérgico, dijo que en ese proceso no se han presentado sobrecostos y que está comprando “a precio de mercado don todo el rigor legal”.

Luego, Monsalvo dio paso a las preguntas de los periodistas y desde Radio Guatapurí le formularon la pregunta: “Si los contratos no estaban publicados en el SECOP, ¿cómo supieron los 41 proveedores que la Gobernación del Cesar había abierto dicho proceso contractual?”.

La pregunta dejó mudo al mandatario departamental:

La confusa respuesta de Monsalvo despertó la indignación de los habitantes del departamento, pero también llamó la atención de la Procuraduría, que este martes le pidió suspender la liquidación de 37 contratos por más de 14.000 millones de pesos para ayudas durante la pandemia “hasta verificar su correcta ejecución”.

En esa contratación de adquirieron 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria. Por eso, el Ministerio Público instó al mandatario regional a pedirle a los contratistas los soportes sobre la inversión, “en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte”.

Hasta que esa información no este lista, el ente territorial no podrá liquidar los contratos y expedir los paz y salvo a los contratistas.

Sin embargo, el organismo de control ya había adelantado una visita el 22 de abril en la que evidencio que la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de 2.600 millones de pesos estuvo a cargo de varias fundaciones que tienen como domicilio viviendas desocupadas o funcionan en casas de familia, “situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos”.

La Procuraduría también le pidió a Monsalvo que “en caso de que se evidencien incumplimientos o una indebida inversión de los recursos públicos adelante de manera inmediata los trámites sancionatorios y haga efectivas las garantías legales y contractuales en cada caso”.