Advertencia pura y dura a funcionarios que promuevan incumplir la justicia en caso Uribe

La hizo la Procuraduría, en un comunicado que difundió este miércoles, para que los servidores públicos del Estado acaten todas las decisiones judiciales.

Ante los últimos pronunciamientos de diferentes sectores como reacción a la detención domiciliaria del expresidente, fue necesario que el Ministerio Público les recordara a todas las ramas del poder público “el imperativo de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales”, y enfatizó:

“Ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”.

El texto agrega que el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, y los instrumentos que este provee.

La controversia de las decisiones en ámbitos distintos al judicial, como en el caso Uribe, “atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”, considera la entidad.

En ese sentido, recordó que constitucionalmente tiene el poder de velar por las garantías procesales de los ciudadanos que sean investigados dentro de una actuación penal y acotó:

“La Procuraduría continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales”.

En el cierre del comunicado, el órgano de control invitó a los ciudadanos a evitar la “extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia“.