Contraloría confirma que tarifa de energía no va a bajar en Colombia y hay preocupación

La Contraloría General de la República expresó algunas preocupaciones por el resultado de la reciente subasta de Cargo por Confiabilidad que buscaba energía firme para el periodo 2027-2028 por medio de nuevas plantas de generación.

Como se sabe, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Minas y Energía, en la subasta las obligaciones de energía firme asignadas fueron 4.441 megavatios (MW) de plantas solares nuevas (99 %) y 48 MW de plantas térmicas (1 %).

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Teniendo en cuenta lo anterior, a través de su delegada de Minas y Energía, el ente control hizo una revisión y análisis de la Subasta de Asignación de Obligaciones de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad.

En esa revisión la Contraloría recordó que la asignación de nuevas plantas de generación se hace de alguna manera en forma tardía, dado que el ejercicio debió haberse hecho varios años atrás.

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Preocupaciones de la Contraloría por la subasta de Cargo por Confiabilidad

La mayor preocupación de la Contraloría es que tras realizarse la subasta de energía no hay garantías de se puedan sacar adelante los proyectos sin mayores contratiempos.

“(…) de que no pase lo que ha sucedido con subastas anteriores, que se han adjudicado como seis o siete mil megavatios, pero no ha entrado ni el 60 % de lo adjudicado”, manifestó el ente de control.

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Para la contraloría, algunas plantas van a empezar su construcción con todo lo que ello implica: licencias ambientales, audiencias públicas, servidumbres, relaciones con las comunidades, por lo que insiste en que no hay certeza de si la cantidad asignada verdaderamente llegará en el tiempo previsto (para el primero de diciembre de 2027 hasta el 30 de noviembre de 2028).

“Preocupa que esos cerca de 4.500 megavatios, en realidad no produzcan más allá de 15 gigavatios hora-día. El 99 % de la energía asignada es solar y el restante 1 % térmica y, por ejemplo, no se evidencian planes de almacenamiento de energía con baterías para aprovechar y maximizar esta producción que se puede llegar a tener”, precisó la entidad.

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Además, resaltó que es necesario seguir contando con el funcionamiento de las plantas térmicas, dado que la energía solar es intermitente.

La Contraloría recordó que la demanda de energía en la actualidad es de, aproximadamente, 230 a 240 gigavatios-hora diarios y, puntualizó, si solamente entran 15 GWh es posible que, dentro de cuatro años, con un crecimiento de, al menos, 5 % de la demanda de energía, se necesite un 20 % adicional.

“Es como si necesitaran más de 40 GWh-día y solo se hubieran adjudicado 15”, recalcó la entidad.

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De acuerdo con la institución, la situación es más complicada si se advierte que la hidrología, por estos días, está por debajo del 50 % de los niveles medios de los embalses y no hay plantas de generación nuevas, por ejemplo, de gas -que es uno de los combustibles de la transición-.

“Y en cambio se advierte un desabastecimiento porque la producción de Colombia está por debajo de los 1.000 millones de pies cúbicos diarios y el déficit se está cubriendo con la planta de gas de importación situada en la Costa Caribe”, afirmó la Contraloría.

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Agregó que “se reitera la preocupación de la CGR por la disminución acelerada en los embalses con la probabilidad de que el verano continúe y se dé una escasez energética, dado que en este punto los embalses deben revisarse planta por planta y prever que un bajo nivel comienza a priorizar las reservas para los acueductos”.

El órgano de control aseguró que, con el embalse agregado en 48 %, la situación se torna alarmante, por esta razón pide que se informen cuáles son las actividades que vienen realizándose para mitigar un posible racionamiento, que sería un costo mayor y un escenario desastroso para la economía nacional.

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Finalmente, la Contraloría aseveró que es previsible que las tarifas no van a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras, esto último teniendo en cuenta que la posible modificación de las leyes de servicios públicos, 142 y 14 de 1994, pues se cree que podría ahuyentar la inversión.