¿Buses que ya no se venden en Europa podrían llegar a rodar en Bogotá para Transmilenio?

La pregunta se la hizo la Procuraduría a la empresa de transporte para pedir explicaciones por la licitación con la que se va a adquirir una nueva flota, cuyo costo supera los 2.9 billones de pesos, y que no incluye exigencias de estándares medioambientales.

Con una carta dirigida a María Consuelo Araújo, gerente de Transmilenio, el Ministerio Público, busca que la empresa responda por qué no están contemplando cumplir con la norma Euro VI, que establece el límite permitido para las emisiones de impacto ambiental.

También requirió a Transmilenio los estudios realizados para determinar el impacto ambiental, y los comparativos de costos de la flota de operación, de acuerdo con el tipo de buses, tecnología y combustibles fósiles que utilizarán.

Estos vehículos podrán circular por Bogotá con motores de combustión diésel Euro V, “una tecnología que en otros países ya es obsoleta por su carga contaminante”, explica Semana.

La revista cita un fragmento de la carta en la que la Procuraduría puntualiza que “no fue posible encontrar las razones que sustentan la decisión de Transmilenio de seleccionar como requisito mínimo para la nueva flota el cumplimiento de estándares establecidos en la norma Euro V, estando en vigencia la norma Euro VI”.

La Procuraduría, además, pidió a Transmilenio dar respuesta acerca del modelo de negocio con el cual se pretende adjudicar a través de dos concesiones la provisión de flota y la operación y mantenimiento.

Finalmente el ente de control solicitó un informe de los resultados de la operación de los buses biarticulados y articulados que funcionan con gas natural y que están en pruebas desde julio del 2017, así como la incorporación de esos informes a los estudios realizados dentro de las licitaciones.

El Ministerio Público exhortó a Transmilenio a dar una respuesta “a la mayor brevedad teniendo en cuenta que ya desatendió un primer plazo, que venció el 6 de julio, y que el cronograma del cierre para la recepción de ofertas está previsto para el próximo 2 de agosto”.

Esta no es la primera vez que la Procuraduría le pide a la administración del alcalde Enrique Peñalosa que vele por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y que en el proceso de renovación de 1.400 articulados, para reemplazar los que excedieron su vida útil, incluya vehículos que protejan el medio ambiente.

En ese momento, Peñalosa dijo que no lo haría porque los buses que funcionan con diésel tienen “los motores más modernos que hay en el mundo”, y que la licitación y los prepliegos se mantienen porque, además, los buses eléctricos “cuestan muchísimo más”.

Pulzo se contactó con Transmilenio para saber si ya tienen respuesta a la carta de la Procuraduría y voceros de la empresa del sistema masivo de transporte le respondieron a este medio que “están trabajando en el tema”, y tan pronto haya un pronunciamiento oficial será comunicado.