El giro que daría el caso de Maduro en EE. UU.: destapan detalle que cambiaría rumbo del juicio

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Un artículo de opinión en The New York Times advierte que un tratado de 1922 obligaría a llevar el caso a arbitraje internacional.

El futuro judicial de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en los Estados Unidos enfrenta un posible giro jurídico de profunda trascendencia tras los cuestionamientos planteados en un artículo de opinión publicado por el periódico The New York Times. El texto, titulado “El caso de Maduro podría estar a punto de dar un giro” y escrito por el abogado y escritor Michael Rips, pone sobre la mesa un complejo debate en torno a la legitimidad de la jurisdicción de los tribunales federales estadounidenses para procesar al exmandatario venezolano, quien se encuentra recluido en una prisión de Brooklyn desde el pasado mes de enero tras su captura por fuerzas especiales.

A pesar de que la administración estadounidense ha calificado la operación como una extradición orientada a un juicio penal ordinario y no como una intervención militar o invasión, Rips argumenta que la estructura legal que sostiene el proceso podría adolecer de vicios competenciales insalvables. El eje central de su tesis se remonta a principios del siglo XX, específicamente al año 1922, cuando Estados Unidos y Venezuela suscribieron un Tratado de Extradición bajo el impulso de los entonces presidentes William Howard Taft y Woodrow Wilson, quienes promovían el arbitraje internacional como el mecanismo idóneo para dirimir controversias entre naciones soberanas.

El convenio en cuestión, que mantiene plena vigencia jurídica, incluye una disposición de carácter vinculante que establece de manera expresa que cualquier diferencia relacionada con la interpretación o la ejecución del tratado debe resolverse indefectiblemente mediante un panel de arbitraje internacional. Dado que el Estado venezolano ha denunciado formalmente que la detención y traslado de Maduro vulneran tanto el derecho internacional como los términos específicos pactados en el instrumento bilateral, se configura una controversia directa sobre la aplicación del acuerdo que, según el análisis del jurista, no puede ser soslayada por los estrados judiciales norteamericanos.

Bajo este marco normativo, Rips sostiene que el juez federal Alvin Hellerstein, encargado de presidir el proceso penal, se encuentra legalmente obligado a suspender el juicio y derivar la disputa legal a un tribunal arbitral independiente. El artículo recuerda que esta postura no constituye una interpretación antojadiza, sino que encuentra sustento en la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A lo largo de más de un siglo, el máximo tribunal ha ratificado en múltiples fallos que ningún acusado puede ser sometido a juicio en contravención de las cláusulas estipuladas en un tratado internacional de extradición. Un precedente citado es el emblemático caso EE. UU. vs. Rauscher (1886), donde se determinó la imposibilidad de procesar a un imputado por delitos no contemplados en el instrumento bilateral correspondiente.

Mientras este debate doctrinal cobra fuerza en el ámbito académico y jurídico, el calendario procesal avanza de manera formal. El juicio contra Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, fue fijado por un tribunal federal en Nueva York para iniciar el próximo primero de junio de 2027, casi siete meses después de la controvertida operación ejecutada en la ciudad de Caracas. Ambos procesados, acusados formalmente por cargos vinculados al tráfico de drogas y de armas de fuego, han negado de forma reiterada todos los señalamientos imputados por la justicia estadounidense, mientras la defensa evalúa si utilizará los argumentos sobre el tratado de 1922 para intentar frenar la acción penal en las instancias federales.