Fiscalía abre investigación formal a Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de corrupción

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Guerrero Jiménez con el fin de verificar posibles irregularidades en materia de contratación pública, según confirmó la entidad tras las informaciones divulgadas el pasado fin de semana. El caso fue asumido de inmediato por la Dirección Especializada contra la Corrupción, la cual ordenó las primeras labores de policía judicial para recolectar el material probatorio necesario.

Las indagaciones preliminares surgieron a raíz de una publicación de la revista Semana, la cual recopiló testimonios de distintos empresarios, chats de WhatsApp, audios y comprobantes de consignación bancaria. De acuerdo con los datos expuestos, los hechos habrían comenzado en el segundo semestre de 2024, afectando a empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes confiaron en las hermanas Guerrero bajo la promesa de acceder a contratos estatales.

Según los denunciantes, el esquema exigía el pago de un millón de pesos solo por una cita inicial. Posteriormente, a cambio de supuestas gestiones ante el Gobierno, se habrían exigido sumas de hasta 200 millones de pesos y el 10 % del valor total de cada proyecto adjudicado. En un inicio, parte del dinero se habría entregado a través de un allegado identificado como David Trespalacios; sin embargo, debido a desacuerdos posteriores, las hermanas habrían optado por recibir los fondos directamente en sus propias cuentas bancarias.

Los reportes indican que al menos tres empresarios afirman haber entregado más de 600 millones de pesos en total, sin que los contratos prometidos se concretaran ni se les devolviera el dinero reclamado. Los documentos periodísticos detallan conversaciones enfocadas en proyectos de acueducto en el departamento del Cesar, mejoramiento de vivienda y contratación con ministerios como el de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En dichos diálogos, las implicadas aseguraban tener una alta capacidad de interlocución con altos funcionarios.

Asimismo, los denunciantes señalaron que en los chats figuraban referencias al “jefe de jefes”, una expresión que presuntamente se utilizaba para aludir al presidente Gustavo Petro con el propósito de darles tranquilidad a los inversionistas sobre el avance de los trámites. A este expediente se suman también las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien reiteró sus denuncias públicas sobre la supuesta influencia que ejercía Juliana Guerrero en diversas dependencias del Ejecutivo, encendiendo las alarmas institucionales en la recta de las investigaciones.