Fiscalía tomó inesperada decisión sobre investigación contra Álvaro Uribe; dio tajante orden

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El expediente examinaba los señalamientos sobre supuestos pagos de hasta 300 millones de pesos a dos antiguos integrantes de grupos paramilitares.

La investigación que involucraba al expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestas maniobras para influir en las declaraciones de antiguos integrantes de grupos paramilitares tuvo un nuevo desenlace. La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar el expediente tras evaluar los elementos recopilados durante las indagaciones.

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Dicha determinación quedó consignada en una resolución de 47 páginas, fechada el 12 de noviembre de 2026, y fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain. Según informó Blu Radio, el organismo concluyó que no encontró elementos suficientes para establecer que ocurrieron los hechos relacionados con los presuntos pagos a exparamilitares a cambio de modificar sus versiones ante la justicia.

Esa decisión también fue reportada por La FM, medio que precisó que el archivo se fundamentó en la causal de inexistencia del hecho. Con esta determinación, la Fiscalía cerró esa línea de investigación, aunque dejó abierta la posibilidad de retomarla si aparecen nuevas pruebas y la acción penal continúa vigente.

Fiscalía investigó supuesto pago de $300 millones a exparamilitares

Uno de los principales asuntos examinados por el ente acusador estuvo relacionado con las declaraciones de Pablo Hernán Sierra García, conocido como alias ‘Alberto Guerrero’. Este hombre aseguró que Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, habrían recibido dinero para cambiar sus testimonios.

Según los señalamientos que llegaron a la investigación, los supuestos pagos habrían alcanzado los 300 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía encontró que Sierra García no presentó documentos, registros u otros elementos que respaldaran esa versión.

En la resolución, el despacho consideró que sus afirmaciones provenían de comentarios que circulaban en el lugar donde permanecía recluido y no de información que pudiera corroborar. Por esa razón, los señalamientos no fueron considerados suficientes para demostrar que existieron ofrecimientos o entregas de dinero a los antiguos integrantes de grupos paramilitares.

Rastreo financiero llevó a la Fiscalía a otra conclusión

Para verificar las acusaciones, los investigadores adelantaron labores de rastreo patrimonial y financiero con apoyo de entidades como la DIAN, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro.

Las diligencias incluyeron la revisión de operaciones inmobiliarias relacionadas con predios ubicados en Cimitarra, Santander, y vinculados con Gabriel Muñoz Ramírez. También se examinó el origen de los recursos utilizados para cancelar obligaciones hipotecarias, pues esas transacciones habían despertado sospechas dentro del expediente.

No obstante, después de revisar escrituras, títulos de propiedad, movimientos de dinero y las versiones de compradores y propietarios, la Fiscalía determinó que las operaciones correspondían a negocios entre particulares con justificación económica.

Otro aspecto que tuvo en cuenta fue la diferencia entre las fechas de esas transacciones y los momentos en que supuestamente se habrían presentado los ofrecimientos para modificar testimonios. De acuerdo con la investigación, no se encontró una relación entre los movimientos financieros examinados y las declaraciones rendidas por los testigos ante las autoridades.

Con esos resultados, el organismo descartó que las operaciones inmobiliarias revisadas demostraran la existencia de pagos encubiertos para influir en las versiones judiciales.

¿Qué pasó con la investigación por presunto fraude procesal?

La resolución también abordó los señalamientos relacionados con el supuesto fraude procesal, que involucraban hechos asociados con alias ‘Castañeda’, alias ‘Simón’ y Óscar Antonio Monsalve Correa.

En este punto, la Fiscalía explicó que no podía emitir un nuevo pronunciamiento sobre esos acontecimientos, debido a que ya habían sido examinados dentro del juicio oral que se adelantó contra Uribe ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

En otras palabras, los hechos relacionados con esos testigos ya habían formado parte de una actuación judicial en la que se practicaron y valoraron pruebas. Por ello, el despacho señaló que no correspondía volver a pronunciarse sobre ese mismo material dentro de la investigación que ahora fue archivada.